Excanciller Yolanda Villavicencio respondió a los millonarios contratos en Cancillería tras entrega del ‘Libro de la Verdad’: “Miente con alevosía”

La entrega del denominado “Libro de la Verdad” abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la administración de Gustavo Petro. El documento, presentado este martes 18 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación por representantes del gobierno de Abelardo de la Espriella, reúne más de 80 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades y hechos de corrupción que, según la actual administración, fueron identificados durante el proceso de empalme con el Gobierno saliente.

La entrega se realizó en el búnker de la Fiscalía, donde el vicepresidente José Manuel Restrepo puso en conocimiento de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, los casos que fueron priorizados por la administración entrante. De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, inicialmente fueron recibidos y analizados 126 casos relacionados con comportamientos que, según su descripción, “pusieron en riesgo la estabilidad de la función pública”, de los cuales finalmente fueron priorizados 59.

Uno de los asuntos incluidos en el documento está relacionado con el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Petro y, específicamente, con la contratación realizada antes del periodo de aplicación de la Ley de Garantías. Los señalamientos fueron respondidos públicamente por la excanciller Yolanda Villavicencio, quien rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

El señalamiento sobre los contratos de la Cancillería

Según explicó el vicepresidente José Manuel Restrepo durante la presentación de las denuncias, en la Cancillería fueron identificados 785 contratos por un valor de $83.000 millones que, de acuerdo con la administración entrante, fueron firmados antes de la Ley de Garantías.

Restrepo también cuestionó modificaciones relacionadas con los requisitos para ocupar cargos o representar al país en el exterior. En particular, señaló que se habrían producido cambios en las condiciones exigidas para desempeñar esas funciones. “Degradando los requisitos para representar a Colombia en el exterior, incluida la eliminación del requisito del segundo idioma”, afirmó el vicepresidente al referirse a los hallazgos incluidos en el informe.

El documento entregado a la Fiscalía también contiene señalamientos sobre el uso de recursos públicos para sedes temporales. De acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno, se habrían destinado $8.500 millones para sedes con una duración de entre 90 y 120 días.

A estos cuestionamientos se sumó otra afirmación de Restrepo sobre el funcionamiento del servicio exterior. El vicepresidente sostuvo que durante la administración anterior se habría producido una utilización política de la estructura diplomática. “El servicio exterior de la República convertido en botín de última hora”, manifestó al presentar los señalamientos ante la Fiscalía.

Los hechos hacen parte del conjunto de casos que el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió trasladar a las autoridades para que sean estas las encargadas de determinar si existieron responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

Durante la presentación del documento, el presidente Abelardo de la Espriella precisó que el propósito del informe no era reemplazar las funciones de los organismos de investigación y juzgamiento. En ese sentido, señaló que “su propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas”, al considerar que corresponde a las autoridades establecer las eventuales responsabilidades.

Yolanda Villavicencio rechazó las acusaciones

Ante los señalamientos relacionados con la contratación en la Cancillería, la excanciller Yolanda Villavicencio respondió a través de sus redes sociales a un pronunciamiento del abogado Santiago Mora, quien cuestionó la gestión del Gobierno Petro y la calificó de “corrupta”.

Villavicencio rechazó de manera directa esa acusación y advirtió que acudirá a las autoridades correspondientes frente a las afirmaciones que considera falsas. En su respuesta hizo referencia a las consecuencias legales que podrían derivarse de acusaciones contra su buen nombre. “Usted como abogado sabe que la injuria y la calumnia son delitos y no le saldrá barato, dañar el buen nombre. Miente con alevosía”, escribió la exfuncionaria en X.

Y agregó: “En este periodo de Ley de garantías no se firmaron contratos, se financiaron con absoluta transparencia 105 proyectos los que sólo se financian mediante proceso participativo y siendo ordenador de gasto los consules”, escribió la excanciller.

Sobre el “Libro de la Verdad”

El Gobierno de Abelardo de la Espriella indicó que las denuncias contenidas en el documento fueron construidas a partir de información recopilada durante el proceso de empalme con la administración anterior. Según la explicación entregada, el equipo encargado de revisar los casos encontró obstáculos para acceder a información proveniente directamente del Gobierno saliente.

Por esa razón, la administración entrante afirmó que recurrió a fuentes públicas, entre ellas el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), además de derechos de petición e información que habría sido entregada voluntariamente por funcionarios.

La entrega del documento a la fiscal Luz Adriana Camargo no implica, según lo expresado por el propio Gobierno, que los hechos consignados hayan sido establecidos como delitos. La determinación sobre la existencia de irregularidades, responsabilidades individuales y eventuales conductas punibles corresponde a las autoridades competentes, que deberán revisar la documentación y los elementos aportados.