
El presidente Abelardo De La Espriella acordó con la fiscal general Luz Adriana Camargo impulsar reformas al sistema penal colombiano tras su primer encuentro oficial del viernes 13 de agosto, una agenda que combina cambios como la eliminación de la imputación de cargos con medidas para sostener la operación de la Fiscalía después del terremoto del 10 de agosto.
La urgencia institucional aparece en dos frentes: la congestión judicial supera el 50%, según la Corporación Excelencia a la Justicia, y al menos cinco sedes de la Fiscalía siguen inaccesibles por los daños que dejó el sismo. De acuerdo con fuentes consultadas por El Tiempo, el Gobierno ya entregó un mapeo de apoyo interseccional para procesos en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle.
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La reunión se produjo en medio de una emergencia que también dejó lesiones leves a funcionarios y afectó la capacidad operativa del ente acusador.
Las mismas fuentes cercanas al Gobierno y a la Fiscalía General de la Nación confirmaron al medio citado que el Ejecutivo se comprometió a fortalecer a la entidad mientras avanza en los proyectos de reforma.

El encuentro fue presentado por el mandatario como una señal de respeto por la independencia judicial y la autonomía de poderes. A la vez, sirvió para destrabar ajustes que el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Cancino, ya tenían previstos para el sistema penal y que cuentan con aval inicial de Camargo.
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Uno de los puntos centrales del acuerdo es sacar adelante una propuesta para eliminar la imputación de cargos dentro del proceso penal. Semanas antes, en un evento en Barranquilla, Camargo ya había definido esa idea como “interesante”.
La imputación hoy se usa para calcular la prescripción de los delitos. La alternativa en estudio sería reemplazarla por otro mecanismo que establezca el momento de vinculación formal de una persona a un proceso judicial.
Expertos consultados por el medio consideraron que ese cambio sería viable mediante una reforma al Código Penal. El objetivo general del paquete, según las fuentes citadas por la publicación, es optimizar el sistema penal y reducir la carga que hoy frena su funcionamiento.
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Otra de las áreas incluidas en la conversación fue la Unidad de Intervención Temprana de la Fiscalía, encargada de la revisión inicial de denuncias. El Gobierno explora reforzarla para filtrar casos sin sustento y evitar que se usen como instrumentos de persecución personal.
Ese rediseño también contempla ampliar las capacidades del equipo de policía judicial. Su papel es determinante en la investigación de delitos y forma parte de los recursos que el Ejecutivo pretende robustecer para desentrabar procesos.
La reunión también abordó el estado de la Jurisdicción de Justicia y Paz, el mecanismo que en los últimos años ha permitido exponer crímenes de grupos paramilitares. Según allegados al Gobierno, la intención es que funcione con mayor rapidez y arroje resultados concretos para los postulados que aún tienen expedientes abiertos.
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Para eso, el Ejecutivo y la administración de Camargo preparan proyectos legislativos orientados a acelerar esos trámites. La meta es corregir demoras dentro de una jurisdicción que sigue acumulando procesos pendientes.
El presidente Abelardo de la Espriella prometió cooperación con respeto institucional
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno trabajará con la Fiscalía para combatir el crimen y la impunidad, con el énfasis puesto en respetar la independencia del ente acusador, una señal de distancia frente a la relación que sostuvo la administración anterior con esa institución.
El encuentro ocurrió en el Palacio de San Carlos, sede desde la que despacha el mandatario en lugar de la Casa de Nariño, con lo que rompió una tradición de más de cuatro décadas. En la cita participaron también el ministro de Justicia Iván Cancino y el vicefiscal general Gilberto Javier Guerrero.
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En un mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella definió la reunión como “muy fructífera” y sostuvo: “Este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad. ¡Firme por la Patria!”.
Camargo difundió poco después su propio balance y agradeció el interés del presidente por discutir los principales desafíos de la política criminal, también “en un marco de pleno respeto por la autonomía y la independencia”. La coincidencia institucional no es menor: a la fiscal le restan dos años en el cargo, periodo en el que deberá convivir con el nuevo jefe de Estado.
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