Fuerte señalamiento de Daniel Briceño contra Gregorio Eljach por presuntas irregularidades en la Procuraduría - crédito @Danielbricen/X
El representante a la Cámara y exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, lanzó críticas directas contra Gregorio Eljach, actual procurador general de Colombia, por presuntas actuaciones que, según su testimonio, favorecen intereses particulares y no contribuyen a la defensa de la moralidad pública.
La denuncia fue presentada durante el Congreso de Derecho Disciplinario y compartida a través de un video en la red social X, donde Briceño calificó a Eljach como “el peor Procurador que ha tenido Colombia”.
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Desde el escenario del Congreso, Briceño sostuvo que la Procuraduría General de la Nación atraviesa una crisis de legitimidad, al estar dirigida por personas a quienes calificó como “inmorales”.
Según sus palabras, el órgano que debería velar por la ética en el servicio público “es hoy una entidad dirigida por personas inmorales, y tengo que decirlo abiertamente”.

El congresista relató un episodio ocurrido hace cuatro años en Bogotá, a 1,7 kilómetros del lugar donde se celebraba el evento. Según su narración, un senador (Alex Xavier Flórez Hernández) intentó acceder con una menor en estado de embriaguez a un hotel, agredió a un policía y le faltó el respeto.
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Briceño detalló que la Procuraduría abrió una investigación y sancionó en primera instancia al senador con una suspensión de ocho meses, sanción que fue ratificada en segunda instancia pero reducida a seis meses.
La intervención de Gregorio Eljach fue decisiva en el desenlace del caso. Cuando el expediente llegó al Consejo de Estado para su control automático, el procurador decidió revocar la sanción al senador implicado.
Briceño expresó que este acto administrativo “absolutamente espurio, vergonzoso y escrito casi por un niño de primaria” favoreció al legislador, quien de haber sido suspendido habría perdido su investidura al no poder posesionarse el 20 de julio.
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“¿Qué le hubiese pasado a un ciudadano de a pie si ataca a un policía y le falta el respeto?”, cuestionó el representante, subrayando la diferencia en el trato recibido por figuras públicas en comparación con la ciudadanía general.

En su intervención, Briceño insistió en que la gestión de la Procuraduría General de la Nación no responde a los intereses del país, sino a “los amigos y socios” de quienes la lideran. “Sus actuaciones solo sirven para beneficiar a sus amigos y socios, nunca busca el beneficio del país”, afirmó en su exposición pública.
El caso relatado por el representante corresponde a un episodio judicial cuyo proceso disciplinario atravesó varias instancias. Tras la sanción inicial por parte de la Procuraduría, el expediente pasó a revisión del Consejo de Estado, máxima autoridad en la materia.
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Según la declaración, fue en ese momento cuando el procurador Eljach revocó la medida, lo que permitió al senador conservar su investidura y continuar en el cargo.
El congresista señaló la existencia de una doble vara en la aplicación de la ley. “Si el senador era suspendido, como el Consejo de Estado después lo confirmó, no podía posesionarse el pasado 20 de julio y, por lo tanto, perdía la investidura”, puntualizó.
La referencia a la fecha subraya la importancia de los tiempos procesales en la definición de las sanciones y sus consecuencias políticas.

“La pregunta que tenemos que hacernos sobre la Procuraduría es si está moralmente acta, o quienes la dirigen están actos para venir a darnos lecciones que es el derecho disciplinario y que no lo es. Es una entidad con muy buenos funcionarios que tomaron muy buenas decisiones en primera y segunda instancia en el caso de este senador, pero con unos dirigentes que laferean cada cuatro años con los interes públicos (sic)”, finalizó.
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Hasta el momento, Gregorio Eljach, actual procurador, no se ha pronunciado públicamente frente a las declaraciones de Daniel Briceño.
El episodio ha reavivado el debate sobre la independencia y la transparencia de los organismos de control en Colombia. Diversos sectores políticos han utilizado estas denuncias para reclamar reformas en los procesos disciplinarios y mayor vigilancia sobre las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación.
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