Consejo de Estado descarto que cantidad de decretos expedidos por el Gobierno De la Espriella sea ilegal

El presidente del Consejo de Estado Alberto Montaña afirmó que la eventual expedición de numerosos decretos por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella no implica por sí sola una vulneración del ordenamiento jurídico, en una intervención que anticipó cómo responderán las altas cortes a uno de los primeros focos de tensión institucional del nuevo mandato.

Montaña explicó que el Consejo de Estado puede revisar la constitucionalidad y la legalidad de los decretos que no tengan fuerza material de ley. Cuando sí la tienen, esa competencia pasa a la Corte Constitucional.

El magistrado habló sobre la capacidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para atender las eventuales demandas contra los decretos anunciados por el nuevo Gobierno. “Entonces, no necesariamente la cantidad supone una afectación a un Estado de derecho. Lo importante es que estén enmarcados en la Constitución y la ley, si no tienen esa fuerza material de ley”.

Así mismo, los magistrados del alto tribunal situaron otros dos frentes de presión sobre la justicia: el aumento de tutelas, con una meta de normalización fijada para febrero de 2028, y el avance de procesos por corrupción, entre ellos el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Según lo expuesto por Montaña en el Congreso de la Andi, la potestad reglamentaria del Ejecutivo depende del grado de abstracción o concreción de la ley que desarrolla. Bajo ese criterio, un decreto no es ilegal ni inconstitucional por regular un asunto determinado, siempre que permanezca dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley.

El presidente del alto tribunal también reconoció que una eventual acumulación de demandas se sumaría a un problema estructural de congestión que afecta a toda la Rama Judicial, incluida esa jurisdicción. Aun así, sostuvo que el sistema cuenta con herramientas para reaccionar cuando una decisión administrativa contradice el ordenamiento jurídico.

Entre esos mecanismos mencionó la suspensión provisional. “Frente a la evidente contradicción con la ley que puede tener un acto administrativo, existe un mecanismo expedito”.

Montaña rechazó, además, que esa herramienta se utilice por razones coyunturales. Señaló que se trata de una figura prevista por el sistema judicial para los casos en que se advierte una posible contradicción con la ley o con la Constitución.

La Corte Constitucional prevé ponerse al día con las tutelas en febrero de 2028

La presidenta de la Corte Constitucional Paola Meneses advirtió que otro de los problemas que presiona a la justicia es el aumento de acciones de tutela que llegan a esa corporación para eventual revisión. Recordó que la tutela fue incorporada por la Constitución de 1991 para proteger derechos fundamentales, pero dijo que hoy registra un incremento marcado, sobre todo por conflictos asociados al sistema de salud.

Meneses explicó que a la Corte llegan las tutelas ya decididas por jueces de todo el país y que el tribunal debe seleccionar y revisar esos expedientes. Para enfrentar esa carga, la corporación pidió apoyo al Consejo Superior de la Judicatura con funcionarios adicionales y activó un plan de choque.

La expectativa presentada en el panel es que la Corte logre ponerse al día en febrero de 2028. Para la magistrada, el aumento de estos recursos revela un problema que no se agota en la gestión judicial. “El número tan grande de tutelas lo que está mostrando es la necesidad de abordar este problema con medidas de fondo y estructurales”.

Durante el cierre del encuentro, Meneses también destacó iniciativas de la corporación para combinar análisis jurídico y protección de derechos, junto con el uso de herramientas tecnológicas para apoyar la revisión de tutelas.

Mencionó los “Diálogos Constitucionales” y el programa “Guardianes de la Constitución”, orientado a acercar a los niños al conocimiento de la democracia y del Estado social y democrático de derecho.

La Corte Suprema vinculó la lucha anticorrupción con la capacidad del Estado para responder

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, centró su intervención en las respuestas judiciales frente a la corrupción. Planteó que este fenómeno deteriora la capacidad del Estado para atender las necesidades de los ciudadanos y subrayó el trabajo coordinado entre instituciones del sistema judicial y penal.

Entre los expedientes citados mencionó el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Allí, dijo, se han producido imputaciones, condenas, allanamientos, preacuerdos y principios de oportunidad, elementos que, a su juicio, muestran el avance de las investigaciones.

Lenis añadió que los controles judiciales forman parte del funcionamiento ordinario del sistema penal y que algunos procesos pueden requerir ajustes en las imputaciones o en las acusaciones sin que eso signifique el fracaso de la investigación. “Cada vez hay casos más complejos, pero la justicia viene actuando”.

El magistrado agregó que la corrupción ha perfeccionado mecanismos para eludir controles, lo que hace más difíciles las investigaciones y obliga a fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de perseguir esos delitos.

El encuentro de los presidentes de las altas cortes en Cartagena dejó una defensa común de la independencia judicial y de los controles institucionales frente a las decisiones de los poderes públicos, en el arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella y ante la expectativa de una avalancha de demandas contra los decretos anunciados.