Revelan pruebas de la Fiscalía en el caso de corrupción del Fondo Mixto Sierra Nevada: exalcaldes y gobernadores estarían involucrados

Aunque la Fiscalía General de la Nación sorprendió al país hace una semana al revelar el entramado de corrupción que se habría gestado al interior de la entidad público-privada Fondo Mixto Sierra Nevada, en la mañana del domingo 9 de agosto salieron a la luz nuevos detalles de la investigación.

El epicentro de este escándalo surgió cuando la entidad, que solo cuenta con cinco años de creación y experiencia, logró captar y administrar al menos 2,7 billones de pesos en contratos públicos.

El caso destapó una supuesta red criminal organizada, figura que hasta ahora solo se había utilizado en delitos graves como narcotráfico o minería ilegal. Según fuentes del ente acusador a al revista Cambio, es la primera vez que un grupo de presuntos corruptos queda catalogado formalmente como Grupo Delictivo Organizado (GDO), debido a la magnitud y sofisticación de las operaciones que se investigan.

La historia comenzó con una denuncia del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que detectó irregularidades en 143 proyectos ejecutados por el Fondo Mixto. Entre las anomalías señaladas figuran pagos por obras inexistentes y financiación de proyectos ya construidos o costeados por otras fuentes, además de diseños deficientes y ausencia de garantías.

“Establecieron un pool de proveedores, controlando de forma discrecional la adjudicación de los contratos, entregándolos a dedo.Los mismos directivos del fondo estructuraban los proyectos, se contrataban a sí mismos como apoyo a la supervisión, entre otras figuras, también utilizando empresas ‘satélite’ que, al parecer, son empresas de papel”, señaló la Fiscalía en una de las diligencias conocidas por la revista Cambio.

Durante las audiencias reservadas dadas, el ente acusador reveló que el Fondo Mixto Sierra Nevada habría sido ideado y controlado desde su origen por una familia de apellido Daza, con conexiones directas a empresas vinculadas al contratista Emilio Tapia.

En la constitución de la entidad, formalizada en marzo de 2021 por impulso del entonces alcalde de La Paz Martín Zuleta, el ente acusador señaló que se detectaron presuntas actas alteradas y la certificación falsa de la presencia de socios, uno de los cuales ni siquiera habría estado en el país según pruebas de Migración Colombia.

“Uno de los casos más notorios es de Andrés Felipe Cleves Daza a quien se registra la presencia física y la Fiscalía y Migración Colombia probaron que él ni si quiera se encontraba en el país”, señala la Fiscalía

El fondo, que comenzó con un patrimonio mínimo de cinco millones de pesos, recibió en pocos años 3,1 billones de pesos para la ejecución de 480 contratos en 19 departamentos. La Fiscalía sostiene que la estructura permitió a sus directivos adjudicar contratos a discreción, empleando empresas satélite y simulando procesos de supervisión, además de practicar la autocontratación.

Uno de los datos más graves surgió a partir de las declaraciones de un supuesto socio fundador, quien afirmó ante el ente acusador que nunca participó realmente en el fondo ni conoció a sus miembros, pese a figurar como accionista hasta 2023.

La investigación también abarca presuntas prácticas irregulares al interior de la misma Fiscalía, como la pérdida de documentación clave, motivo por el cual se compulsaron copias para esclarecer posibles responsabilidades internas.

La ruta de los contratos y el presunto rol de los alcaldes

Las indagaciones reservadas conocidas por la revista Cambio establecen que los exalcaldes y alcaldes actuales, como Martín Zuleta y Ramiro González de María La Baja, habrían jugado papeles determinantes en la consolidación y continuidad del fondo mixto. Zuleta, capturado por las autoridades, habría creado el manual de contratación privada y favorecido a familiares con contratos.

Por su parte, la entrada de la Alcaldía de María La Baja como socio público en agosto de 2024, bajo la gestión de González, permitió que el fondo siguiera recibiendo recursos del sistema de regalías. La Fiscalía alega que esta vinculación fue únicamente una fachada, ya que el municipio nunca realizó el aporte económico prometido.

Desde ese momento, la contratación pública del fondo se habría disparado. Los investigadores sostienen que González evadió el régimen de contratación estatal y adjudicó directamente contratos de regalías a la entidad.

Por el momento, entre los capturados figuran Esteban José Cleves Daza y Andrés Felipe Cleves Daza, quienes desempeñaron cargos estratégicos en el fondo y, según la Fiscalía, nunca se desligaron realmente de la toma de decisiones pese a renuncias aparentes. En un movimiento descrito como simulación, Andrés Felipe habría comprado una empresa de ingeniería e ingresado esta como socia del fondo justo antes de formalizar su salida.

Otras fundadoras, como María Alexandra Pérez Daza y Patricia Cerchiaro Carranza, también quedaron detenidas. La Fiscalía identificó a esta última como tía política de los Cleves Daza. La red involucra además a contratistas, funcionarios y supervisores que aparecen conectados por vínculos de parentesco o por beneficiarse de contratos otorgados de manera irregular.

La Fiscalía ha compulsado copias para investigar la responsabilidad de cinco gobernadores y dos exgobernadores, cuyos nombres aparecen ligados a contratos con el Fondo Mixto Sierra Nevada.

Los investigadores advierten sobre el posible uso indebido de una disposición legal que permitió a entidades territoriales designar ejecutores públicos con un régimen de contratación exceptuado, facilitando presuntos abusos y desviación de recursos.