Ministerio de Agricultura examinará contratos de la Agencia de Desarrollo Rural habrían sido firmados antes del cambio de Gobierno

El sábado 8 de agosto de 2026 se conoció que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), bajo la dirección de César Pachón, expidió dos resoluciones con el propósito de llevar a cabo acciones presupuestales, misionales y contractuales, según informó la entidad.

Por este motivo, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que revisará los contratos autorizados por la Resolución 407, cuyo monto superaría los $250.000 millones.

En entrevista con Noticias RCN, Dangond expresó estar “muy impresionado” por lo sucedido en la ADR y cuestionó la resolución que permitió considerar el sábado 8 de agosto como día hábil.

“Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor César Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil”, expresó el funcionario.

Según Indalecio Dangond, los responsables de la Agencia de Desarrollo Rural han “despilfarrado” el dinero público recaudado a través de los impuestos de los colombianos.

“Ellos no han hecho sino tramitar contratos y despilfarrar los dineros públicos de los impuestos de los colombianos”, indicó el ministro de Agricultura a Noticias RCN.

El ministro Dangond expresó inquietud por algunos contratos que consideró “llamativos” gestionados por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Entre ellos, mencionó uno de $70.000 millones destinado a una planta de sacrificio porcino, otro de $190.000 millones y un tercero de $30.000 millones para el departamento de Casanare.

El funcionario también solicitó a César Pachón que evite realizar nuevas contrataciones, a menos que resulten estrictamente necesarias para garantizar el desarrollo nacional. “Porque seguramente lo estoy declarando insubsistente”, afirmó.

Detalles de las resoluciones

La Resolución 407, expedida el 6 de agosto de 2026, determinó que el sábado 8 de agosto sería considerado día hábil para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Esta medida permitió que se realizaran actividades administrativas, presupuestales, contractuales y otras tareas propias de la entidad durante esa jornada.

La decisión se apoyó en diversos fundamentos legales, entre ellos la Constitución Política, normas históricas como la Ley 4 de 1913, y disposiciones del Decreto 2364 de 2015. También se tuvieron en cuenta conceptos técnicos y resoluciones previas, como la 682 de 2017, la cual establece la jornada de trabajo ordinaria en la ADR.

El acto administrativo justificó la necesidad de habilitar este día para asegurar la continuidad de los procesos de la entidad, especialmente los relacionados con el desarrollo de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar).

El objetivo principal fue evitar retrasos, pérdida de competencias o interrupciones en el cumplimiento de las funciones institucionales. La resolución aclara que esta habilitación no altera los plazos legales establecidos para los diferentes cronogramas y procesos contractuales. Asimismo, no se incluyeron en esta medida los servicios de atención al ciudadano, el control interno disciplinario ni la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias.

Poco tiempo después, mediante la Resolución 408 del 8 de agosto de 2026, la ADR dispuso el retiro de Jhon Kennedy Wilchez Carreño del cargo de vicepresidente de Gestión Contractual. Esta decisión, que comenzará a regir a partir del 10 de agosto, se fundamentó en que el puesto se clasifica como de libre nombramiento y remoción. Wilchez había asumido el cargo el 23 de julio, tras ser designado por la Resolución 358 de ese año.

La entidad argumentó la legalidad de la decisión citando la Ley 909 de 2004, apartados del Decreto 1083 de 2015 y modificaciones posteriores, así como jurisprudencia de la Corte Constitucional que respalda la facultad discrecional para retirar funcionarios en cargos de libre designación.

El documento que oficializa la salida de Wilchez no establece vínculos con su posición respecto a temas contractuales específicos. Por este motivo, no es correcto afirmar que su desvinculación esté asociada a supuestas diferencias sobre procesos contractuales, ya que la resolución no lo menciona como causa.