En qué consiste la transformación al Inpec que tiene presupuestado el Gobierno de De la Espriella: pasaría a manos del Ministerio de Defensa

La propuesta para militarizar el Inpec, impulsada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, sería una de las mayores transformaciones del sistema penitenciario colombiano, pues implicaría un número considerable de nuevas reglas para sus integrantes.

De acuerdo con fuentes vinculadas al sector penitenciario consultadas por la revista Semana, la posible transición llevaría al Inpec a depender del Ministerio de Defensa. Esto forzaría la adopción de protocolos y estándares propios de la fuerza pública, desplazando el enfoque administrativo tradicional y priorizando la disciplina militar y la seguridad nacional en todas sus operaciones.

En caso de concretarse la medida, el personal del Inpec quedaría sujeto a las restricciones típicas del régimen militar, incluyendo la prohibición de conformar sindicatos y limitaciones en el ejercicio del voto.

Estas restricciones buscarían eliminar los fueros sindicales que, según voces internas, han obstaculizado la aplicación de sanciones disciplinarias efectivas contra funcionarios implicados en conductas irregulares.

“Son los sindicatos los que impiden decisiones de carácter disciplinario en contra de los funcionarios que incurren en graves conductas. Se acogen a los fueros sindicales y eso complica adoptar las medidas correctivas en procura de suspender o sancionar hechos que atentan contra la transparencia”, señaló una fuente enterada a la revista nacional.

El proyecto de ley, aún en etapa de análisis y bajo reserva oficial, responde a la necesidad de “depurar la entidad y fortalecer la disciplina interna”, según comentó la fuente cercana.

Proceso de decisión y resistencia sindical

Actualmente, el Gobierno nacional evalúa si la transferencia del Inpec al Ministerio de Defensa puede realizarse mediante una decisión presidencial o si requerirá el trámite de una ley en el Congreso que garantice la estabilidad jurídica del cambio. Mientras tanto, el hermetismo rodea las discusiones oficiales, pero la expectativa se multiplica en los centros de reclusión.

En la práctica, la medida ha encontrado el rechazo de los líderes sindicales del Inpec. Paradójicamente, son los mismos representantes que denunciaron hechos de corrupción en la entidad, aunque, según las fuentes, guardaron silencio durante la administración anterior.

La iniciativa también plantea modificar la misión y los objetivos estratégicos del Inpec, alineando su funcionamiento con las prioridades del sector defensa y relegando la gestión administrativa a un segundo plano.

Militarizar el Inpec implicaría que la institución abandone parte de sus funciones administrativas y adopte un régimen disciplinario y operativo similar al de las fuerzas militares. Los trabajadores perderían derechos como la sindicalización y ciertas garantías políticas, lo que busca agilizar las sanciones y evitar bloqueos internos a la depuración de la entidad.

Actualmente, los procesos disciplinarios y penales dentro del Inpec avanzan con lentitud, lo que dificulta la salida de funcionarios corruptos o implicados en delitos. Según la fuente consultada, la Fiscalía ha investigado incluso un presunto cartel de los fueros sindicales, donde se ofrecería protección sindical a empleados bajo investigación para evitar sanciones inmediatas.

“La Fiscalía adelantaba varias investigaciones. Incluso en lo que se conoció como un cartel de los fueros sindicales, le ofrecían a funcionarios que estaban siendo investigados vincularlos a los sindicatos y de esta manera evitar las sanciones disciplinarias de urgencia”, comentó la fuente en diálogo con Semana.

Entretanto, la entidad se mantiene en alerta máxima tras los recientes ataques y movimientos dentro del Inpec, como el asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego y el inminente traslado de 20 presos de alto perfil a la cárcel de Palogordo, en Girón.

Las circunstancias llevaron a la Unión de Trabajadores Penitenciarios a pedir protección urgente para el personal y a advertir que el penal no tiene condiciones suficientes para recibir a internos de alta peligrosidad.

La alerta del sindicato se produce después de una seguidilla de ataques contra funcionarios penitenciarios. En los últimos días, un trabajador del Inpec fue asesinado en Santander, otro fue atacado en Bogotá y también circuló un panfleto con amenazas en la cárcel La Picota, lo que elevó la tensión dentro del gremio.

La organización sostuvo que el homicidio de Quesada Urrego expuso fallas en la gestión del riesgo y la ausencia de medidas eficaces de protección para quienes trabajan en el sistema penitenciario. También cuestionó a la Dirección General del Inpec, a la Regional Oriente y a la dirección del Cpams Girón por no haber atendido advertencias previas sobre amenazas contra el personal.