Gobierno Petro en su último decreto reformó el servicio de taxi en Colombia: en qué consiste

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1001 de 2026 y cambió las reglas del servicio de taxi con una reforma que amplía trámites clave a dos años, elimina cobros no previstos en la norma y permite operaciones sin Planilla Única de Viaje Ocasional en casos específicos, con el objetivo de modernizar el transporte público individual y ajustar su funcionamiento a las condiciones reales de movilidad del país.

Uno de los cambios de mayor alcance es el plazo para reponer un vehículo cuando haya sido hurtado, perdido, desintegrado, destruido o sometido a cambio de servicio: pasa de uno a cinco años. En caso de hurto, el propietario deberá presentar dentro de los seis meses siguientes la denuncia y la certificación de no recuperación expedida por la Fiscalía.

Según el Ministerio de Transporte, la norma modifica disposiciones del Decreto 1079 de 2015 y redefine asuntos que afectan de manera directa a conductores, propietarios, empresas y usuarios. La nueva regulación también fue sometida a comentarios ciudadanos antes de su expedición definitiva.

La tarjeta de operación, que hasta ahora tenía vigencia de un año, pasará a expedirse por dos años. El cambio reduce la frecuencia con la que los propietarios deben adelantar ese trámite.

La norma también actualiza las reglas para el cambio de empresa y fija límites para los contratos de vinculación entre propietarios y compañías. Ese contrato no podrá superar los dos años.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las empresas deberán entregar cada mes, sin costo, un extracto con los cobros y pagos realizados por cada concepto. Además, el paz y salvo deja de ser requisito para adelantar trámites de tránsito o transporte.

La reglamentación prohíbe cobrar por permitir la desvinculación de un vehículo, por expedir la tarjeta de operación, por la Planilla Única de Viaje Ocasional o por servicios que no hayan sido prestados. También impide que las empresas impongan condiciones que restrinjan la libertad del propietario para escoger otra compañía.

Un propietario podrá solicitar el cambio de empresa en cualquier momento durante la vigencia del contrato, siempre que cumpla los requisitos establecidos. La empresa tendrá hasta 15 días hábiles para responder la petición.

La ministra de Transporte María Fernanda Rojas afirmó: “Este decreto representa un paso histórico para el transporte público individual en Colombia. Escuchamos al sector, simplificamos trámites, fortalecemos las garantías para conductores y propietarios, mejoramos el servicio para los usuarios y seguimos construyendo un sistema de transporte moderno, seguro y transparente para todo el país”.

El decreto elimina la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional para la operación de taxis entre municipios contiguos. La excepción podrá aplicarse salvo que la autoridad del municipio de destino determine, mediante un estudio técnico de oferta y demanda, que no es posible permitir ese ingreso.

La misma eliminación del requisito cobija determinados viajes hacia o desde aeropuertos que sirven a capitales departamentales y están ubicados en municipios distintos, así como algunos aeropuertos relacionados con áreas metropolitanas. La medida busca facilitar la conectividad y reducir cargas administrativas.

La publicación del proyecto para observaciones se hizo entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026, y el ministerio señaló que los comentarios recibidos fueron analizados antes de la expedición del texto final. En otra versión del trámite normativo también se indicó que el proyecto estuvo abierto entre el 19 de junio y el 6 de julio.

La asignación de nuevas matrículas deberá hacerse mediante sorteos públicos con criterios de igualdad, imparcialidad, transparencia, publicidad y participación. La norma incorpora además acciones afirmativas para incentivar la participación de conductores que no son propietarios de vehículos.

El decreto no resuelve por sí solo las barreras financieras para que esos conductores accedan a un automóvil. Lo que establece es el mecanismo para obtener nuevas matrículas, mientras que la compra del vehículo y las condiciones de financiación seguirán dependiendo del mercado y de la situación de cada conductor.

La actualización normativa también ordena asistencia técnica del Ministerio de Transporte a las autoridades territoriales para diseñar programas de formación y fortalecimiento de competencias para conductoras y conductores de taxi. Esos programas podrán incluir contenidos sobre atención al usuario, seguridad, eficiencia y mejoramiento de las condiciones del servicio.