Mujer fue condenada a 55 años de prisión por captar jóvenes que fueron asesinados y presentados como bajas en combate en Cauca

Una condena de 55 años de prisión fue impuesta contra Yarleny Muñoz Franco por su participación en el asesinato de tres jóvenes que fueron engañados con falsas promesas de trabajo y posteriormente trasladados hasta una zona rural de Puracé, Cauca, donde fueron asesinados y presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento itinerante de Popayán, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad de la procesada.

Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2009 y tuvieron como víctimas a tres jóvenes que se dedicaban a labores de construcción y pertenecían a una población vulnerable. De acuerdo con la investigación, Muñoz Franco fue la encargada de establecer contacto con ellos y convencerlos de trasladarse hasta la vereda Campamento, en jurisdicción de Puracé, bajo el argumento de que allí tendrían una oportunidad laboral.

La promesa de trabajo terminó convirtiéndose en una trampa, pues una vez que los jóvenes llegaron a la zona señalada, fueron interceptados por integrantes del Batallón de Alta Montaña número 4 del Ejército Nacional y les quitaron la vida.

Las víctimas fueron reportadas oficialmente como miembros de las Farc que habían muerto durante un supuesto combate con las Fuerzas Militares.

Sin embargo, durante el juicio oralm la Fiscalía logró demostrar que esa versión no correspondía con lo ocurrido. Las pruebas permitieron establecer que los tres jóvenes estaban desarmados, no pertenecían a ninguna organización armada ilegal y nunca participaron en un enfrentamiento con los militares.

La investigación también permitió establecer que los jóvenes fueron asesinados después de descender del vehículo en el que se movilizaban. De esta manera, el material probatorio presentado ante el juez permitió desmontar la versión según la cual se trataba de integrantes de un grupo armado abatidos durante operaciones militares.

Uno de los elementos que resultó determinante para la investigación fue la actuación posterior de Muñoz Franco, pues al día siguiente de los asesinatos, la mujer acudió a una unidad militar y aseguró que pertenecía a la guerrilla y que las tres víctimas eran sus compañeros dentro de esa organización armada.

Con esa versión consiguió una certificación del Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), lo que permitió que fuera vinculada al programa de reintegración a la vida civil. No obstante, esa certificación fue posteriormente retirada, en octubre de 2009, después de que las autoridades establecieran que la mujer nunca había pertenecido al grupo armado ilegal del que afirmó haberse desmovilizado.

Para la Fiscalía, este episodio hizo parte de las maniobras utilizadas para respaldar la versión que pretendía presentar a los jóvenes como integrantes de una organización armada ilegal.

La investigación permitió reconstruir así una cadena de hechos que comenzó con el engaño de las víctimas y terminó con su asesinato y posterior presentación como supuestas bajas en combate.

Tras valorar las pruebas recopiladas durante el proceso, el juzgado declaró responsable a Muñoz Franco de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal y su pena impuesta asciende a 55 años de prisión, una de las principales decisiones adoptadas dentro del proceso por estos hechos ocurridos hace más de 17 años.

Además de la condena privativa de la libertad, la mujer deberá pagar una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitada durante 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

La decisión judicial quedó ejecutoriada, por lo que el juez de conocimiento ordenó la captura inmediata de Muñoz Franco con el propósito de que sea trasladada a un centro penitenciario y cumpla la pena impuesta.

El caso vuelve a poner en evidencia las investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales ocurridas en diferentes regiones del país, en las que civiles fueron presentados como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combate. En esta oportunidad, la Fiscalía logró demostrar judicialmente el papel que desempeñó una persona civil en la captación de las víctimas y en la construcción posterior de una versión destinada a justificar sus muertes.

La sentencia establece responsabilidades concretas frente a los hechos ocurridos en Puracé y reconoce que los tres jóvenes no eran combatientes ni participaron en un enfrentamiento armado. Según quedó probado durante el juicio, fueron llevados hasta la zona mediante un engaño relacionado con una supuesta oferta laboral y terminaron siendo asesinados.

La Fiscalía General de la Nación informó que la decisión se produce después de un proceso en el que las pruebas permitieron demostrar la responsabilidad de Muñoz Franco en los delitos por los que fue condenada. La orden de captura inmediata permitirá hacer efectiva la pena de 55 años de prisión.