Gobierno Petro fijó los topes para las matriculas de los colegios privados en el 2027 antes de dejar el poder: “No les queda ni para pagar el agua”

El anuncio del Ministerio de Educación sobre el tope al incremento de matrículas para el año 2027 ha generado una fuerte reacción entre los colegios privados de Colombia. Directivos de distintas instituciones consideran que la medida, adoptada antes del cambio de gobierno y adelantada dos meses respecto a lo habitual, podría profundizar los problemas financieros que ya enfrenta el sector.

La principal inquietud de los colegios privados radica en la decisión de usar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio como referencia para calcular el aumento máximo permitido de las matrículas. Esta modificación, según representantes del sector, los obliga a planear sus presupuestos con información incompleta, ya que variables clave como el salario mínimo y la inflación del segundo semestre todavía no se conocen en ese momento.

Carlos Roberto Ramos, rector del Colegio San Alejo, advirtió que este desfase hará que los ingresos de los colegios queden atados a un indicador que podría no reflejar la realidad económica al cierre del año.

“Por primera vez en 20 años se tomó el corte de junio. Cualquier número distinto por encima de ese IPC serán recursos que no le van a entrar al colegio privado, que depende de las matrículas y pensiones”, comentó Ramos en diálogo con Caracol Radio.

En los últimos años, la exigencia de autorización anual para fijar tarifas ha diferenciado a Colombia de otros países del continente, donde los colegios privados pueden ajustar precios de forma más flexible. Ramos recordó que, durante dos décadas, el cálculo del incremento se basaba en el IPC de agosto, lo que permitía una mayor precisión en la estimación de costos y necesidades presupuestales.

Para el ciclo escolar 2027, el incremento máximo autorizado será del 11,24 % sobre la tarifa anterior, pero no todos los colegios podrán acceder a ese porcentaje. Martha Yaneth Castillo, de la Mesa Nacional de Educación Privada, estima que solo entre el 7 y el 8 % de los planteles logran cumplir los requisitos para alcanzar ese tope. El resto deberá conformarse con incrementos menores, lo que, para muchos, podría resultar insuficiente para cubrir el alza en gastos operativos.

La fórmula establecida por el Ministerio de Educación parte del IPC de junio y permite sumar puntos adicionales si los colegios demuestran, entre otros factores, programas de inclusión o permanencia escolar.

Sin embargo, representantes del sector privado advierten que la mayoría de los colegios no logra cumplir con todos los requisitos para obtener los incrementos extra. Según Ramos, la reciente alza del salario mínimo, que se conoció después de la resolución de matrículas, ya absorbió entre el 23 y el 25 % de los ingresos de muchos colegios, especialmente en aquellos que atienden a estudiantes de estratos bajos y medios.

En la práctica, esto significa que los colegios deben definir sus presupuestos y contratar a su personal docente sin contar con un panorama claro sobre sus ingresos futuros. Además, existe preocupación por la viabilidad financiera de las instituciones más pequeñas, que dependen casi en su totalidad del pago de matrículas y pensiones.

Ramos ejemplificó la situación señalando que, en muchos casos, los recursos apenas alcanzan para cubrir los salarios mínimos de los docentes, dejando poco margen para otros gastos esenciales como mantenimiento o servicios públicos. “Con esa matrícula no le queda ni para pagar el agua, la luz y el teléfono”, aseguró en diálogo con El Espectador.

Frente a esta situación, los colegios privados han presentado propuestas al Ministerio, como el aumento del porcentaje destinado a la inclusión, que finalmente quedó en 0,4%.

Las instituciones consideran que la decisión del Ministerio fue unilateral y que no se tuvo en cuenta la realidad de los planteles durante las mesas técnicas. Castillo afirmó que asistieron a reuniones y firmaron actas de asistencia, pero no de acuerdos, y solicitó una revisión de la resolución con el nuevo equipo ministerial.

Uno de los riesgos más mencionados es el desbalance financiero que podría repetirse en 2027. Ramos advierte que, si los gastos continúan aumentando por encima de los ingresos proyectados, muchos colegios podrían verse obligados a solicitar la terminación de sus licencias de funcionamiento, como ha sucedido en los últimos cinco años. La falta de recursos estatales y la dependencia de los pagos de las familias agudizan esta situación.

“En los últimos tres años ha habido un afán del gobierno saliente en firmar de manera superanticipada esa resolución, y el efecto es que vamos a quedar con 20 puntos porcentuales por debajo de la realidad económica del país”, comentó el rector en diálogo con Caracol Radio.