
Las personas en condición de discapacidad que requieren movilizarse en vehículos propios o de transporte autorizado tendrán un proceso diferente para acceder a la exención de restricciones de movilidad. El Gobierno nacional anunció una actualización del procedimiento con cambios enfocados en la digitalización y la verificación de información entre entidades públicas.
La modificación busca facilitar el reconocimiento de este beneficio y reducir los pasos que deben cumplir los ciudadanos. A partir de la nueva reglamentación, las autoridades contarán con herramientas para consultar y validar los datos necesarios sin depender de la entrega constante de documentos físicos.

El cambio quedó establecido mediante la Resolución 20263040028705 del 23 de julio de 2026, documento con el que el Ministerio modificó el Capítulo 4 del Título 8 de la Resolución 20223040045295 de 2022. La actualización establece nuevas reglas para los vehículos conducidos por personas con discapacidad o aquellos utilizados para transportarlas.
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La ministra María Fernanda Rojas explicó que la medida responde a la necesidad de actualizar el trámite y establecer un procedimiento más uniforme para quienes solicitan esta excepción frente a las restricciones de movilidad. El ajuste no representa la creación de un nuevo beneficio para los ciudadanos ni significa la eliminación de medidas como el pico y placa. La resolución mantiene las restricciones definidas por las autoridades locales y establece lineamientos generales para reconocer la exención de manera organizada en el territorio nacional.
Uno de los principales cambios está relacionado con la forma en la que se comprobará la información de los solicitantes. La nueva reglamentación establece que la validación se realizará mediante el intercambio de datos entre diferentes sistemas institucionales. Para este proceso participarán el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las autoridades encargadas de la movilidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), administrado por el Ministerio de Salud.
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Con esta conexión entre plataformas, las entidades podrán verificar de manera electrónica tanto la condición de discapacidad como la información correspondiente al vehículo que busca acceder a la exención. El objetivo es que los ciudadanos tengan menos cargas administrativas durante el proceso. La implementación de mecanismos digitales permitirá reducir la presentación de soportes físicos y evitar trámites repetidos ante varias entidades públicas.
Según el documento oficial, la actualización responde a la necesidad de mejorar la comunicación entre los sistemas de información del Estado, fortalecer la prestación del servicio y eliminar obstáculos que dificultan el acceso al beneficio. La medida también busca que el procedimiento tenga una aplicación más clara en las diferentes regiones del país. Antes de esta modificación, los ciudadanos podían enfrentar procesos distintos dependiendo de la autoridad encargada de recibir y revisar la solicitud.
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Con la nueva resolución, el Gobierno pretende establecer una ruta común para el reconocimiento de la exención, manteniendo la participación de las entidades responsables de verificar cada caso. El Ministerio reiteró que esta modificación no cambia las restricciones de circulación vigentes en los municipios o ciudades. Las autoridades locales conservarán sus competencias para establecer medidas de movilidad, mientras que la resolución define las condiciones para reconocer la excepción dirigida a personas con discapacidad.

El propósito central de la actualización es garantizar que quienes cumplen los requisitos puedan acceder al beneficio mediante un proceso más sencillo, rápido y respaldado por herramientas digitales. De acuerdo con la reglamentación, la interoperabilidad entre las bases de datos públicas permitirá que la información necesaria esté disponible para las entidades encargadas de revisar las solicitudes, lo que busca mejorar la eficiencia del trámite.
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La nueva regulación representa un ajuste en la forma en que se gestiona la exención de restricciones de movilidad y plantea un modelo basado en la verificación electrónica, con el objetivo de disminuir barreras administrativas para las personas con discapacidad y facilitar su acceso a este mecanismo en todo el país.
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