Cuatro personas fueron judicializadas por millonaria red de contratos irregulares en Nariño

La corrupción en el departamento de Nariño quedó bajo la lupa judicial tras la judicialización de cuatro personas por su presunta participación en una red que habría direccionado ocho contratos en una caja de compensación familiar por $9.804.893.500.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación logró establecer que el grupo habría manipulado la contratación de una caja de compensación familiar en Nariño entre octubre de 2025 y mayo de 2026 mediante licitaciones simuladas, cobro de comisiones sobre anticipos y cuentas con sobrecostos.

Según el expediente oficial del caso, se suscribieron ocho contratos y se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, equivalentes al 30% del valor contratado.

Del mismo modo, el ente judicial señaló que el caso fue investigado por un fiscal de la Seccional Nariño y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Las diligencias incluyeron auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, material que sustentó la judicialización de Olga Alicia Vásquez Martínez, Diana Marcela Salazar Quelal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Insandará, como señalados responsables.

Cómo operaba el presunto direccionamiento de contratos

La investigación sostiene que la red abría licitaciones públicas simuladas para aparentar pluralidad de oferentes. Sin embargo, las adjudicaciones habrían quedado dirigidas a empresas preseleccionadas.

El expediente indica que el mecanismo incluía la exigencia de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos. La Fiscalía también señaló que en el grupo habría participado personal directivo, funcionarios y particulares.

Cabe mencionar que la caja de compensación afectada no fue identificada por nombre en la información oficial, pero los medios locales como El contraste aseguran que se trata de la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar) de Nariño, una institución de renombre en la región, teniendo en cuenta que se encarga de entregar beneficios y realizar programas para miles de trabajadores y sus familias.

Los procesados y las medidas adoptadas por la Fiscalía

Según la investigación, Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios de la caja de compensación, sería la encargada de direccionar la contratación. Por otra parte, a Salazar Quelal y Lagos Medicis les atribuyen haber facilitado a empresas ya acordadas la información sobre los documentos que debían entregar.

En el caso de Edgar Alonso Insandará, la Fiscalía reiteró que presuntamente se benefició del direccionamiento a través de la empresa que representaba. Las actividades investigativas también permitieron que dos de los hoy procesados devolvieran cerca de 1.552 millones de pesos.

Un fiscal de la Seccional Nariño les imputó, según la responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

Inicialmente, Vásquez Martínez aceptó los cargos, aunque los otros tres procesados no lo hicieron, pero esto no quiere decir que no continúen vinculados al proceso judicial que se adelanta por los delitos mencionados anteriormente.

Debido a que Olga Alicia Vásquez Martínez aceptó su responsabilidad en los hechos, una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

Sobre los demás, se indicó que tendrán que cumplirla en lugar de residencia mientras avanza el proceso de investigación para determinar su grado de responsabilidad en el caso que generó rechazo entre las autoridades de la región.

Cabe mencionar que la actuación judicial corresponde a una primera fase de la investigación por estas irregularidades contractuales, por lo que se está a la espera de las demás audiencias en medio del proceso, con el fin de que los señalados confiesen qué fue lo que ocurrió y, finalmente, reciban una condena por actuar en contra de la justicia al apoderarse de dineros que deberían estar destinados para la mejora en los servicios que brinda la entidad.