Bogotá disminuyó el hacinamiento en las URI y estaciones de Policía al 36,2% tras más de 150 fallos emitidos por juzgados transitorios

La ciudad de Bogotá logró una reducción histórica del hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía, bajando el índice al 36,2% al cierre de julio de 2026, tras haber alcanzado un alarmante 172% en agosto del año anterior.

La mejora, que representa una disminución de 136 puntos porcentuales, es resultado de una estrategia interinstitucional liderada por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con el Inpec regional Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El avance tiene repercusiones directas en el acceso a la justicia, la dignificación de la población carcelaria y la eficiencia del sistema penal. “Este es un avance significativo en materia de hacinamiento en Bogotá. El trabajo continúa para entregarle a la ciudad las URI y las estaciones de policía sin hacinamiento”, destacó la subsecretaria de acceso a la justicia de la Secretaría de Seguridad, Lina María Toro.

Estrategias y medidas de impacto

El éxito de la estrategia se debe a la adopción de medidas convergentes y concurrentes que permitieron identificar y atacar los cuellos de botella en la gestión penitenciaria. Uno de los hitos fue el lanzamiento, en abril de 2026, del aplicativo PPL Connect, una herramienta desarrollada por la Secretaría de Seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Libre.

Este aplicativo digital centraliza información en tiempo real sobre cada persona privada de la libertad en las URI y estaciones de policía, lo que permite a los jueces y operadores judiciales monitorear el estado jurídico de los detenidos, identificar demoras procesales y agilizar los traslados a centros penitenciarios del sistema nacional.

Desde su puesta en marcha, PPL Connect ha facilitado el traslado de más de 5.500 condenados desde los Centros de Detención Transitoria (CDT) de Bogotá a establecimientos de reclusión nacional, tras la emisión de fallos judiciales y la creación de jueces de descongestión especialmente destinados para la ciudad.

Fortalecimiento del modelo carcelario y judicial

La estrategia adoptó una visión ampliada del modelo carcelario y se apoyó en la articulación entre las entidades responsables de la administración de justicia y seguridad. Con el respaldo del magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura, se crearon cinco juzgados transitorios con función de conocimiento para priorizar los procesos penales de las personas privadas de la libertad en los CDT, incluyendo la definición de su situación jurídica.

Hasta la fecha, estos juzgados han proferido más de 150 decisiones de fondo, incluidas 99 sentencias condenatorias que han permitido iniciar o continuar la radicación de carpetas ante el Inpec y gestionar los traslados pertinentes. El incremento en la capacidad de respuesta de la Rama Judicial ha sido clave para avanzar en la descongestión de los centros de detención y garantizar el debido proceso para los internos.

Funcionamiento y ventajas de PPL Connect

El aplicativo PPL Connect ha sido fundamental en la reducción del hacinamiento. Permite un monitoreo actualizado y transparente del tiempo de reclusión y origen de los detenidos, conecta la información judicial y operativa, y facilita la adopción de decisiones de fondo sobre la situación jurídica de las personas privadas de la libertad (PPL). La centralización de datos posibilita identificar rápidamente los casos que requieren atención prioritaria y evitar que personas permanezcan en detención transitoria más allá de los plazos legales.

La herramienta también ha sido esencial para dignificar la condición de la población carcelaria en los CDT, ya que contar con información verificable y en tiempo real permite tomar decisiones más justas y humanas.

Perspectivas y continuidad de la estrategia

La reducción del hacinamiento en URI y estaciones de policía no solo ha mejorado las condiciones para los detenidos, sino que también ha beneficiado a las víctimas y a la ciudadanía en general, al garantizar un acceso más eficiente a la justicia y procesos penales más ágiles. El compromiso de las autoridades es continuar disminuyendo el hacinamiento hasta erradicarlo, asegurando que el sistema judicial y penitenciario de Bogotá siga siendo un referente nacional en gestión y respeto por los derechos humanos.

La colaboración entre la Secretaría de Seguridad, Inpec, la Rama Judicial y la Policía Metropolitana continuará siendo la base para profundizar estos avances, mientras la ciudad se encamina hacia un modelo de justicia más eficiente, humano y transparente. El reto, según la entidad, es consolidar la sostenibilidad de la estrategia y mantener el índice de hacinamiento en niveles controlados, evitando retrocesos y fortaleciendo el respeto por la dignidad de todas las personas privadas de la libertad en la capital.