Mineros de Santander se encadenaron a las afueras del Ministerio de Ambiente: aseguran que ‘decretos exprés’ les prohibirían trabajar

Al menos mil campesinos, pequeños mineros y líderes sociales del departamento de Santander se concentraron frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Bogotá para exigir la suspensión de tres resoluciones que, a cinco días de finalizar el Gobierno Petro, buscarían restringir la minería legal y otras actividades económicas en 75.000 hectáreas.

La medida, según las comunidades, afectaría de forma directa a 25.000 habitantes y pondría en riesgo el sustento de más de 3.000 familias en la zona de La Baja, municipio de California.

El epicentro de la controversia es la declaratoria de una Zona de Reserva Permanente en el sector de La Baja, que, según los manifestantes, no cuenta con estudios técnicos suficientes ni procesos de concertación. Además, existe una tutela en curso que denuncia la presunta alteración de documentos oficiales y la vulneración de derechos fundamentales durante la consulta pública, realizada entre el 15 y el 29 de julio.

La movilización fue motivada por el temor de que las nuevas resoluciones del Ministerio de Ambiente obliguen a cientos de pequeños mineros a la ilegalidad o al desplazamiento, abriendo la puerta a la presencia de grupos criminales en territorios donde el Estado tiene dificultades para ejercer control.

Los manifestantes, respaldados por seis alcaldes de Soto Norte y líderes sociales de Bucaramanga, afirman que las decisiones se adoptan de manera apresurada, sin participación ciudadana y en contravía de sentencias previas de la Corte Constitucional y el Tribunal de Santander.

De acuerdo con la información entregada por las comunidades, la tutela admitida por un juez de Bucaramanga cuenta con el respaldo de más de cien organizaciones sociales y se fundamenta en un informe pericial que evidenció modificaciones irregulares en documentos oficiales durante el proceso de consulta pública.

Dicho informe, realizado bajo estándares internacionales de análisis digital, señala que, en menos de dos semanas, el Ministerio habría cambiado archivos, incorporado cartografía tardía y aumentado el contenido de consulta, lo que habría dificultado el acceso a la información para los afectados.

“lo que el Ministerio quiere imponer no es una Zona de Reserva Permanente, sino una Zona de Ruina y Pobreza”, Fabio Maldonado, representante de la organización Gran Paso Social por California.

Maldonado cuestionó que, tras cuatro años sin lograr la delimitación de Santurbán, ahora se pretenda “acabar con la economía de miles de familias que trabajamos legalmente por fuera del Páramo”.

Señalamientos a la gestión del Gobierno y la ministra encargada

A pocos días de terminar el mandato de Gustavo Petro, las comunidades hacen énfasis en la falta de diálogo y concertación. Reclaman que las decisiones del Ministerio se toman “desde un escritorio en Bogotá”, sin escuchar las voces de quienes habitan y dependen económicamente de los territorios afectados.

Además, consideran que la ministra encargada, Irene Vélez, estaría dejando el camino abierto a los grupos criminales, al debilitar la minería legal y frustrar los procesos de formalización.

Los líderes de la protesta insisten en que no se oponen a la protección ambiental, sino a la imposición de medidas que consideran poco transparentes y adoptadas sin información suficiente. Advierten de la importancia de que cualquier decisión cuente con aval técnico y jurídico, así como con el consenso de las comunidades involucradas.

Durante la manifestación, los asistentes elevaron una solicitud formal a la Agencia Nacional de Minería para que ejerza una defensa activa de los pequeños mineros y titulares legalmente constituidos. Reclamaron que la autoridad minera garantice la protección de los títulos vigentes y evite la persecución de quienes ejercen esta actividad dentro de la ley.

“La Agencia Nacional de Minería (ANM) no puede permanecer indiferente a esto que está sucediendo y confiamos en que desde el conocimiento técnico no validen este atropello. No es justo que el Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Ministra (e) de Ambiente y filósofa, Irene Vélez, decida sobre el futuro de la minería legal de la que deoendemos miles de familias, y con sus intereses le deje la puerta abierta a los grupos criminales por darle gusto a los falsos ambientalistas y activistas políticos”, señaló Ivonne González, líder minera.

El núcleo del reclamo gira en torno a la exigencia de procesos participativos, información clara y garantías jurídicas para todos los actores de la región. Los manifestantes advierten que debilitar la minería formal en zonas históricamente vulnerables puede incrementar la presencia de actores armados y agravar la inseguridad.