La discusión sobre la situación fiscal de Colombia se intensificó con un intercambio directo entre María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro.
La exsenadora del Centro Democrático criticó duramente la gestión del actual mandatario, asegurando que “el gobierno Petro duró 4 años no gobernando sino saqueando el erario”. Según Cabal, el Ejecutivo ahora presenta “un presupuesto desfinanciado en más de 30 billones de pesos”.
Cabal instó al Congreso de la República a corregir el rumbo. “El Congreso debe recomponer el presupuesto e impedir nuevos impuestos para los colombianos”, afirmó la exsenadora.
Su postura rechaza cualquier intento de aumentar la carga tributaria y responsabiliza al actual gobierno por el déficit en las cuentas públicas.
Desde el Ejecutivo, la respuesta fue contundente. Gustavo Petro atribuyó el desbalance financiero a las decisiones del pasado. “Esa desfinanciación responde y es el efecto de su negativa, señora Cabal, a ponerle impuestos a los más ricos, es decir, entre pocos a usted”, replicó el presidente.
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Petro recalcó que el origen de parte del déficit reside en el subsidio a la gasolina implementado durante la administración previa. “Recuerde que en su gobierno (Iván Duque), el señor Restrepo puso el subsidio a la gasolina que costó 70 billones de pesos y que yo pagué y acabé”, añadió el mandatario.
El jefe de Estado sostuvo que las causas del déficit fiscal están relacionadas con esa política y la oposición a gravar a los sectores más acomodados. “Ahí tiene usted la explicación del déficit fiscal de Colombia. Es usted y sus amigos los culpables”, concluyó Petro.
Contraloría advirtió desfinanciación en el Presupuesto General de la Nación
La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, señalando la existencia de una brecha de financiación y posibles riesgos para el sistema de regalías.
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El organismo de control indicó que la propuesta enviada al Congreso llega con una desfinanciación de $30,2 billones, lo que compromete la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de los compromisos del Estado.
Según el comunicado, una porción significativa de los recursos proyectados está orientada al pago de deuda pública, mientras que las asignaciones para inversión y funcionamiento permanecen prácticamente sin variaciones.
“Gran parte del presupuesto estaría destinada a atender la deuda pública, mientras que los recursos para inversión y funcionamiento permanecen estancados”, subrayó la Contraloría.
La entidad insistió en que el debate en el Congreso debe llevar a la aprobación de un presupuesto “técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado”.
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El informe también advirtió sobre la reducción en el recaudo del Sistema General de Regalías y la disminución de la capacidad de inversión en los territorios, situación que podría afectar el desarrollo de proyectos, obras y servicios, así como la labor de vigilancia fiscal de la Contraloría por falta de recursos.
La entidad recomendó respaldar las apropiaciones con ingresos ciertos o ajustar el gasto para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La advertencia no es nueva. La Contraloría recordó que ha señalado este tipo de riesgos en los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, enfatizando la necesidad de que el presupuesto nacional se base en fuentes de ingreso efectivas y no en supuestos fiscales que no se concreten, como la reforma tributaria prevista pero no implementada en ejercicios anteriores.
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El análisis de la Contraloría resaltó que el gasto proyectado en el servicio de la deuda aumentó un 17,5% respecto al año anterior y que los recursos dirigidos a inversión y funcionamiento apenas muestran cambios.
Esta composición incrementó la presión sobre las finanzas públicas y limitó el margen para el desarrollo económico. Además, la caída de los ingresos corrientes y el incremento en la dependencia de fuentes alternativas de financiación exigen “mayor prudencia fiscal y suficiencia de los ingresos que respaldan el gasto proyectado”.
El organismo reiteró la importancia de mantener coherencia entre el presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como de adoptar medidas más eficaces de racionalización y eficiencia del gasto público para enfrentar los desafíos.
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