El Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella: no es la primera vez que sucede, un partido se ausentó en 2014

El 7 de agosto de 2026 se llevará a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República de Colombia, tras haber sido elegido con cerca de 13 millones de votos en las elecciones realizadas el 21 de junio.

A diferencia de las anteriores ocasiones donde la transmisión de mando se realizaba en el Capitolio Nacional en Bogotá, para esta ocasión la sesión se desarrollará en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en la capital del departamento del Valle del Cauca.

Previamente, el cambio de lugar fue aprobado en el Congreso de la República, un evento que tendrá a los dirigentes políticos y las altas cortes del país, así como invitados de talla internacional como los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay) y el rey Felipe VI de España.

Sin embargo, la posesión también contará con varias ausencias. Una de ellas será la bancada de 61 congresistas del partido Pacto Histórico, que previamente se declaró en oposición al Gobierno entrante.

Su decisión obedece a una estrategia de desobediencia civil y resistencia democrática, una decisión que formaliza la ruptura de la coalición con el gobierno entrante y que irá acompañada por movilizaciones callejeras para defender las reformas sociales aprobadas en el periodo legislativo anterior.

El bloque opositor sostiene su postura sobre tres ejes. El primero apunta a la legitimidad política del resultado electoral de junio, que sus dirigentes objetan pese a reconocer la legalidad del dictamen institucional.

Otro de los argumentos expuestos por la bancada se centra en el tono discursivo de De la Espriella hacia la izquierda. El congresista Heráclito Landínez sostuvo que esa retórica amenaza la convivencia democrática y deteriora cualquier posibilidad de concertación.

Dentro de ese señalamiento, los dirigentes del Pacto Histórico citan una frase pública del mandatario electo: “destripar a la izquierda”. Para ese espacio, ese tipo de expresiones instala a la oposición en el lugar de un enemigo directo.

El tercer punto de fricción es el debate sobre la doble nacionalidad del presidente electo. Sectores de la coalición objetan que De la Espriella tenga ciudadanía de Estados Unidos y consideran que un jefe de Estado colombiano no debería mantener juramentos ni compromisos de lealtad con una potencia extranjera.

Las manifestaciones previstas por la colectividad se realizarán en las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla, en las que insistieron en que serán de carácter pacífico. Este desplante del Pacto Histórico no es el primero que se registra en la historia de Colombia.

Centro Democrático en 2014

El origen de este tipo de posturas reacias contra gobiernos entrantes en Colombia se origina en el año 2014.

El principal protagonista fue el partido Centro Democrático que, en un hecho sin precedentes, se ausentó de la posesión presidencial de Juan Manuel Santos el 7 de agosto de ese año, convirtiéndose en uno de los choques institucionales más agudos de la política colombiana reciente.

Previo a ello, la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, nació en 2013, como afrenta a sus desacuerdos por las conversaciones de paz que adelantaba el Gobierno Santos con la antigua guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

Pese a que el partido político ganó la primera vuelta presidencial con su candidato Óscar Iván Zuluaga, terminó perdiendo la segunda vuelta con Santos, en una contienda atravesada por una polarización extrema.

El uribismo sostuvo que el triunfo del exministro de Defensa carecía de legitimidad democrática, por lo que decidieron no asistir a la posesión presidencial.

Su ausencia, al igual que en la actualidad, se resumió en tres aspectos fundamentales. El primero fue la denuncia de abuso de poder y ventajismo, con acusaciones de una “violación flagrante” de los topes electorales y del uso de recursos del Estado, identificado por ese sector como “mermelada política”, para asegurar la reelección.

El segundo argumento fue el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda. El partido acusó al gobierno saliente de haber orquestado un complot judicial e infiltrado la campaña de Zuluaga para sabotear el favoritismo que, según esa versión, mantenía en las encuestas.

La tercera razón fue la presencia de delegaciones internacionales en la ceremonia de investidura en Bogotá, ya que para ese entonces, se encontraba el dictador venezolano Nicolás Maduro.

La respuesta del partido no se limitó a dejar vacías sus sillas en la Plaza de Bolívar. Los 39 congresistas electos de la colectividad, distribuidos entre 20 senadores y 19 representantes a la Cámara, realizaron un acto paralelo de protesta en el complejo judicial de los Juzgados de Paloquemao.

En ese mismo escenario radicaron una denuncia penal que, según el partido, reunía pruebas de fraude electoral, compra de votos y coacción al elector en distintas regiones del país. Ese paso trasladó la confrontación del plano simbólico de la investidura al terreno judicial.