
El dolor por el asesinato de tres militares retirados en la vía entre Silvia y Totoró, en el Cauca, sigue golpeando a sus familias.
En medio del duelo, la esposa del coronel retirado Libardo Osorio Sánchez aseguró que nunca recibieron amenazas y que el oficial disfrutaba plenamente de su vida tras dejar el Ejército, especialmente de las salidas en bicicleta junto a sus amigos.
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“Fue un hombre excepcional, fue un excelente padre, un excelente esposo, un hombre proveedor”, expresó la viuda en declaraciones entregadas a Noticias RCN.
También recordó que el coronel era un apasionado del ciclismo recreativo y que esa actividad hacía parte de su rutina desde hacía varios años. “Era feliz montando bicicleta con sus amigos, con los grupos de la bicicleta”, afirmó.
La mujer explicó que ambos eran oriundos de Popayán y que, tras el retiro de Osorio del Ejército en marzo de 2021, llevaban una vida tranquila en la capital caucana.
Según su testimonio, su esposo recorría con frecuencia la carretera entre Silvia y Totoró, por lo que jamás imaginaron que pudiera convertirse en escenario de un ataque armado.
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En medio de su mensaje, también hizo un llamado para que el nuevo gobierno adopte medidas contundentes frente a la violencia que vive el departamento. “En este momento somos víctimas de este maldito conflicto, con la esperanza de que este gobierno cambie esta situación que aflige tanto a Colombia”, manifestó.
El triple homicidio ocurrió en la mañana del 30 de julio de 2026, cuando los tres hombres realizaban un recorrido recreativo en bicicleta por la vereda Miraflores, sobre la vía que comunica los municipios de Silvia y Totoró.
Según la información oficial, fueron interceptados por hombres armados que les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.
Las víctimas fueron identificadas como el coronel retirado Libardo Osorio Sánchez, el mayor retirado Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui, que en otra parte de la información oficial también es mencionado con el grado de alférez retirado.
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De acuerdo con los registros conocidos, Osorio concluyó su carrera militar en marzo de 2021, mientras que Sánchez Vergara salió del servicio en marzo de 2008 y Amórtegui lo hizo en octubre de 1992.
Durante su trayectoria en el Ejército, Osorio se desempeñó como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Décima Tercera Brigada, cargo que ejerció públicamente en 2016.

El crimen generó una inmediata reacción de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables materiales e intelectuales del triple homicidio.
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Por su parte, Indepaz incluyó el caso en su registro nacional de violencia y lo catalogó como la masacre número 77 ocurrida en Colombia durante 2026. Según esa organización, la cifra convierte al presente año en el de mayor número de masacres registradas en la última década, de acuerdo con los datos recopilados por la entidad.
El asesinato ocurrió en una zona que desde hace varios años permanece bajo alertas por la presencia y confrontación de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo que enfrentan las comunidades debido a las disputas territoriales entre estructuras criminales que operan en esa región del Cauca.
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Entre los grupos mencionados en las alertas se encuentran facciones de las disidencias de las antiguas Farc, el ELN y otras organizaciones narcotraficantes que buscan controlar corredores estratégicos para la movilidad y las economías ilegales.
En la información también aparece mencionado el frente Dagoberto Ramos, una de las estructuras con presencia en esa zona del departamento.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el crimen y pidió que el caso sea esclarecido lo antes posible. A través de su cuenta de X expresó que “rechazamos con absoluta contundencia el asesinato de tres ciudadanos en la vereda Miraflores, sobre la vía Silvia-Totoró.
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Este crimen atroz enluta al Cauca, hiere profundamente a nuestras comunidades y constituye un ataque directo contra la vida, la libertad y el derecho de los caucanos a vivir en paz”.
La Procuraduría General de la Nación también condenó el ataque mediante un comunicado, en el que afirmó que el asesinato “ofende a toda la sociedad y constituye un atentado directo contra la democracia y las instituciones de la República”.
Además, solicitó a las autoridades avanzar con rapidez en la identificación, captura y judicialización de los responsables.
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