Caso Jaime Esteban Moreno: defensa de la familia del joven piden que Paola Fernández, prófuga de la justicia sea imputada con reo ausente

La familia de Jaime Esteban Moreno pidió que Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes asesinado en Chapinero, la madrugada del 31 de octubre de 2025, sea imputada como persona ausente para que el proceso penal avance pese a su fuga.

El abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, sostuvo que la mujer tiene circular roja de Interpol, está buscada por las autoridades y que la Fiscalía ya la vinculó como presunta responsable de un homicidio doloso agravado.

El juicio contra los otros dos acusados ya tiene fechas: el 4, 5 y 6 de agosto se realizarán las audiencias contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá. González Castro fue trasladado de Cartagena a Bogotá para afrontar ese tramo del proceso.

La controversia judicial gira en torno a las condiciones para procesar a una persona prófuga. El juez de control de garantías no avaló por ahora la solicitud y pidió a la Fiscalía completar exigencias de procedimiento para verificar que la declaración de persona ausente cumpla los requisitos constitucionales.

Rincón afirmó que, si ese paso se cumple, Fernández podría ser imputada, acusada y llevada a juicio sin presentarse ante la justicia. La discusión se centra en probar que la Fiscalía agotó todas las vías de ubicación antes de activar ese mecanismo.

La defensa de las víctimas busca que la causa no se detenga por la fuga de la acusada. El representante de la familia sostuvo que la Fiscalía realizó actuaciones para garantizar el debido proceso y compareció ante el juez de garantías, pero en esa diligencia recibió observaciones adicionales. El objetivo es corroborar que la declaración de persona ausente reúna las garantías exigidas antes de avanzar con la imputación.

Detalló que el despacho exigió acreditar: “Hubo todo el agotamiento, vía correo electrónico, números telefónicos, ver dirección de residencias, búsqueda selectiva en base de datos”. Con esa verificación, el proceso penal puede continuar aunque la acusada no comparezca.

La posición de la familia es que la condición de prófuga no debe bloquear la actuación judicial. Rincón sostuvo que, una vez autorizada la declaración, el trámite permite avanzar hasta un fallo absolutorio o condenatorio.

Sobre el papel atribuido a Fernández, Rincón la definió como la persona que “instigó, determinó, señaló, motivó” a los otros dos acusados a matar a Moreno. Esa afirmación se apoya en los videos del caso conocidos públicamente y difundidos por redes sociales y medios de comunicación.

La acusación contra Suárez Ortiz y González Castro se sostiene en su situación procesal actual: ambos están privados de la libertad y afrontarán juicio oral en Bogotá. La causa entra en el momento de producción de prueba ante el juez de conocimiento.

Rincón introdujo un punto de disputa para el debate oral. La defensa intenta encuadrar el hecho como homicidio preterintencional, mientras la Fiscalía y la representación de víctimas sostienen la figura de homicidio doloso agravado.

Según el abogado, el expediente reúne un acervo probatorio “lo suficientemente sólido” para acreditar más allá de toda duda razonable la coautoría de los dos hombres ya detenidos. Mencionó como piezas centrales los videos y fotogramas del hecho, que, a su juicio, permiten corroborar su participación en el asesinato.

A esa evidencia sumó el testimonio directo del amigo que acompañaba a Jaime Esteban en la madrugada del ataque y otros testigos que estaban en el lugar. La tercera base probatoria será la prueba científica derivada de la necropsia.

Rincón describió ese informe forense como la pieza que permitirá discutir la intencionalidad del crimen. Señaló que los médicos forenses y patólogos darán cuenta de “la sevicia de la golpiza brutal”, con puntapiés de alzada en el cráneo y el tórax, para sostener que no se trató de un hecho preterintencional.

El abogado insistió en que esa lectura del material probatorio respalda la tesis de que hubo voluntad de matar. Vinculó esa conclusión con la forma de la agresión y con la pretensión de la familia de obtener una “justicia material” y una “verdad sobre los hechos”.

Consultado por la eventual pena, Rincón afirmó que este tipo de delitos contempla hasta 50 años de prisión como máximo. Añadió que, al no tener antecedentes penales los dos acusados que llegarán a juicio, espera una sanción de entre 40 y 45 años en caso de condena.

La familia Moreno Jaramillo mantuvo una postura de respeto hacia los procesados, pero reclama una respuesta judicial que descarte la impunidad. El caso debe dejar un mensaje frente a hechos de violencia extrema.

Sobre la agresión, señaló que, según su interpretación, no se usaron armas de fuego ni armas cortopunzantes, sino “sus puños y sus patadas y su voluntad”. En esa misma declaración ubicó la muerte de Jaime Esteban en “ese 31 de octubre del 2025”.