UNP afirmó que las protestas de sindicatos pusieron en riesgo la seguridad de los protegidos en Bogotá, Cauca y Amazonas

La sede principal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá permaneció bloqueada por escoltas y conductores afiliados a sindicatos, entre el 20 y 23 de julio de 2026. Los manifestantes instalaron campamentos en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos laborales.

Las peticiones incluyeron el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo, formalización de contratos y provisión de equipos, argumentando inestabilidad y falta de garantías en sus funciones. A la protesta se sumaron integrantes de las Uniones Temporales de la UNP, que exigían transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la cobertura de vacantes.

Aproximadamente 250 personas mantuvieron la protesta, advirtiendo que se extendería hasta el 7 de agosto si no había avances. Durante la protesta, la UNP sostuvo diálogos con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, aunque sin lograr acuerdos inmediatos.

Los sindicatos también cuestionaron la reducción de requisitos para nuevos ingresos y denunciaron precariedad en el suministro de armas y dotaciones, advirtiendo posibles riesgos de seguridad. Finalmente, la protesta concluyó antes de la fecha anunciada, reabriéndose el acceso y retomando las operaciones habituales en la entidad.

UNP calificó de manera negativa la protesta

Mediante un comunicado, la Unidad Nacional de Protección habló sobre las consecuencias que se registraron tras la protesta que bloqueó las funciones de los trabajadores de la entidad en Bogotá.

“La protección de la vida no se detiene. Los bloqueos y acciones judiciales pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, es la descripción de la publicación que se hizo en la cuenta de X de la UNP.

En el comunicado titulado Bloqueos y acciones de tutela obligan a la UNP a acudir a la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, la entidad recordó lo registrado en las afueras de sus instalaciones, acusando a líderes sindicales de bloquear el edificio por fines políticos.

“Las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, así como la cuestionable presentación masiva de acciones de tutela— afectaron el desarrollo normal del proceso contractual para la prestación del servicio de escoltas en la Zona 2 y generaron un riesgo real de interrupción de las medidas de protección”, es parte del documento.

Como consecuencia de estos hechos, la UNP asegura que, al no poder culminar los procesos de selección de escoltas que serán contratados, se puso en riesgo la seguridad de las personas que siguen esperando recibir un esquema de protección.

“La UNP advierte que estas actuaciones terminaron poniendo en peligro la continuidad del servicio y, ante la imposibilidad de culminar oportunamente los mecanismos de selección, la UNP debió acudir a la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la operación de escoltas en Bogotá, Cacao y Amazonas”.

La entidad aseguró que no buscaban hacer una contratación masiva e irregular de personas, sino que estaban cumpliendo con su deber de mantener un número de escoltas para poder cumplir con la demanda que tienen actualmente.

“Esta determinación no reemplaza de manera permanente la convocatoria pública ni responde a una decisión discrecional de la entidad. Se trata del mecanismo excepcional previsto en la Ley 80 de 1993 para atender situaciones urgentes en las que no es posible acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios de contratación y resulta indispensable impedir la suspensión de un servicio esencial”.

Además de declarar la urgencia manifiesta, la UNP reprochó el comportamiento que tuvieron los líderes sociales, a los que han acusado de buscar beneficios externos por interrumpir el trabajo de la actual administración.

“La protección de la vida no admite interrupciones. Cuando la continuidad del servicio está en riesgo, la inacción no es una opción. La ley obliga al Estado a actuar y la Unidad Nacional de Protección cumplirá ese deber”.