Agencia Nacional de Tierras entregó casi 1.000 hectáreas de tierras, algunas del clan Cifuentes Villa, a campesinos en Córdoba

Voceros oficiales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmaron una nueva transferencia de tierras, medidas en 909 hectáreas en el departamento de Córdoba, en favor de campesinos, comunidades indígenas y asociaciones de pescadores del departamento.

Según la información suministrada por la entidad, las acciones de recuperación y acceso a la tierra se ejecutaron sobre cinco predios ubicados en Montería, Lorica y Purísima de la Concepción.

En Montería, los predios San Vicente y San Luis —con una extensión total de 400 hectáreas— fueron asignados a cuatro comunidades del pueblo indígena Zenú. Según la ANT, estas tierras permanecieron durante años bajo ocupación irregular y formaron parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas tras los procesos de desmovilización de grupos paramilitares en 2005.

En la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, más de 500 hectáreas fueron otorgadas a asociaciones de pescadores y comunidades anfibias, luego de ser recuperadas por la ANT con acompañamiento de la Policía Nacional.

Entre los predios entregados se encuentran tierras relacionadas con procesos judiciales por lavado de activos del clan Cifuentes Villa, consideradas uno de los principales enlaces del Cartel de Sinaloa en Colombia.

Esta familia se hizo conocida en medio del juicio contra Joaquín “Chapo” Guzmán en Nueva York, cuando se revelaron las dinámicas internas de esta familia colombiana que durante años desempeñó un papel clave en el tráfico internacional de drogas en favor del cartel mexicano.

El director general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, explicó que la entidad mantendrá los procesos de recuperación y acceso a la tierra hasta el cierre del actual Gobierno nacional.

“Vamos a recuperar un bien fiscal patrimonial. Es un bien proveniente del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Son tierras que se entregaron en 2005 en el marco de los procesos de desmovilización de grupos paramilitares. Sin embargo, durante años permanecieron indebidamente ocupadas por particulares. Desde hoy estas tierras tienen nuevos dueños y nuevos beneficiarios”, indicó Harman.

La reacción de los beneficiarios

Líderes indígenas resaltaron el impacto de la medida. Iván Clemen Negrete Yanes, director de la Escuela de Derecho Propio Indígena Zenú, señaló: “La tierra para nosotros se convierte en ese elemento sagrado para fortalecer nuestra identidad y nuestra autonomía. Hoy podemos dar fe de que la Reforma Agraria no fue carreta; es una realidad que dignifica nuestros procesos colectivos y fortalece a nuestras comunidades”.

A su vez, José Alberto Ayala Cardoso, gobernador de la comunidad indígena Zenú Polonoa Betancí, afirmó: “Para las comunidades indígenas el acceso a la tierra significa vida, seguridad alimentaria y la posibilidad de volver al origen, volver a sembrar y garantizar que las nuevas generaciones puedan mantener vivas nuestras tradiciones”.

La entrega de los predios San Rafael y La Leyenda en Lorica, y Villa Hilda en Purísima de la Concepción, completa el proceso de adjudicación de tierras en la región.

ANT entregó 21 títulos de propiedad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tras dos décadas de exclusión estatal

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Parques Nacionales otorgaron 21 títulos de propiedad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, como parte de un proceso que busca garantizar la protección jurídica de los predios campesinos y avanzar en la reparación histórica de una de las comunidades más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

Durante dos décadas, la comunidad impidió el ingreso de instituciones públicas, en respuesta a la violencia y las graves omisiones institucionales que enfrentaron sus integrantes.

El acto de entrega, realizado este 31 de julio, representa un paso decisivo en el reconocimiento de los derechos territoriales de la Comunidad de Paz, así como en la reconstrucción de la confianza entre el Estado y la población campesina.

La formalización de estos 21 predios responde también al cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado entre el Estado colombiano y la comunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de reconocer la responsabilidad estatal por las graves vulneraciones sufridas.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido blanco de episodios de violencia extrema, como la masacre de La Resbalosa, reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y considerada uno de los hechos más dolorosos en la historia de la organización.

En sus 29 años de existencia, cerca de 400 habitantes han sido asesinados, incluyendo niños y un bebé de 18 meses, según relataron sus representantes.