
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó las alertas lanzadas por la Contraloría General de la República sobre supuestos excesos en la contratación del Gobierno tras el levantamiento de la Ley de Garantías, y calificó las afirmaciones que circulan sobre los giros recientes del Ejecutivo como “narrativas poco sostenibles”.
La reacción del ministro se produjo un día después de que un equipo de la Contraloría ingresara, el martes 28 de julio de 2026, a las oficinas del Ministerio de Hacienda en Bogotá, con el fin de recopilar información sobre riesgos fiscales que podrían afectar la sostenibilidad financiera del Estado.
El organismo desplegó su Policía Judicial de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), vinculada a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), con el objetivo de verificar datos fiscales y contractuales.
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La inspección se produjo un día después de que la Contraloría emitiera una advertencia oficial el 27 de julio dirigida al Gobierno nacional y al propio Ministerio de Hacienda. En ella, el ente de control afirmó haber detectado un aumento del 22,5% en la contratación estatal luego del levantamiento de la Ley de Garantías: 14.414 contratos firmados en apenas cuatro semanas, por un monto total cercano a $4,55 billones.
De ese total, más de 11.000 correspondieron a contratación directa, un mecanismo que suele activar alertas por su potencial para eludir procesos de selección competitiva. Las entidades bajo mayor observación son la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
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Frente a ese panorama, Ávila cuestionó este viernes 31 de julio la afirmación de que el Gobierno nacional habría realizado giros irregulares por 4 billones de pesos.
“Me toca informarles que no ha sido por 4 billones, es que el Gobierno tiene que girar obligatoriamente 30 billones de pesos mensuales”, dijo el ministro Ávila, quien precisó que en algunos períodos esa cifra puede acercarse a los 34 billones de pesos mensuales. “Que haya giros por cuatro billones, por favor, eso no tiene ninguna seriedad que estemos haciendo afirmaciones de esas”, recalcó.
Ávila extendió su crítica a lo que describió como un patrón de desinformación sobre las finanzas públicas. También recordó un episodio anterior vinculado a los recursos de la emergencia económica, cuando se señaló que el Ejecutivo giraría 1,6 billones de pesos a la unidad de riesgo.
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“Tocó informarles que no era 1,6 [billones], que eran 8, porque la emergencia económica condujo a un recaudo de 8 billones de pesos y tiene tres fases”, explicó el funcionario, quien agregó que la primera fase corresponde a esos 1,6 billones de pesos, pero el total asciende a 8 billones de pesos.

El ministro de Hacienda fue categórico al rechazar que las alertas mediáticas o de futuros funcionarios puedan frenar los desembolsos destinados a atender situaciones de emergencia. “Nadie va a parar, nosotros menos, los giros para atender una emergencia, porque hay un periodista o un futuro funcionario que se le ocurre decir que es mucha plata que hay que girar”, afirmó Ávila.
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La Contraloría, por su parte, advirtió que el país enfrenta presiones de caja, atrasos en las reservas presupuestales y mayores necesidades de financiación. El organismo identificó siete factores de riesgo que requieren seguimiento permanente, entre ellos la insuficiente planeación financiera de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual.
El ente de control instó a las autoridades a tomar decisiones presupuestales bajo criterios de prudencia y sostenibilidad, advirtiendo que de persistir los desequilibrios se elevarían las necesidades de endeudamiento y se comprometería el patrimonio público.
Ante ese escenario, Ávila llamó a la mesura: “Yo creo que hay que tener un poquito más de ponderación y no jugar tanto con estos relatos y narrativas que no tienen mayor sustento”.
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