La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, abrió una indagación previa a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas irregularidades en la vinculación de la joven creadora de contenido Gabriela Muñoz Olaya y de algunos de sus allegados.
La apertura de la indagación surgió después de que Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunciara públicamente que la creadora de contenido habría influenciado en la toma de decisiones administrativas en la Aerocivil, así como el nombramiento de ciertas personas en algunos cargos. Esto, a pesar de que su puesto en la entidad era de auxiliar 1, de nivel asistencial.
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“No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...). Es el mismo modus operandi”, señaló Rodríguez, en diálogo con Noticias RCN.
Vinculación de familiares de Gabriela Muñoz bajo la lupa de la Procuraduría
Así las cosas, con el fin de identificar responsabilidades disciplinarias en la Aerocivil, la Procuraduría abrió indagación previa, argumentando la necesidad de investigar presuntas anomalías en la vinculación de la joven creadora de contenido y de sus familiares:
- Santiago David Muñoz Olaya, su hermano.
- Silvana María Muñoz Jaramillo, su prima.
- Samuel Muñoz Rayo, su primo.
- Daniel Felipe Arias Olaya, su primo.
De igual manera, investigará la “presunta participación irregular de Gabriela Muñoz Olaya en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su incidencia en decisiones de alto nivel en la Aeronáutica Civil”, así como el aparente tráfico de influencias que habría ejercido la influenciadora a favor de sus allegados ante la entidad.
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La creadora de contenido emitió un comunicado en el que negó los señalamientos en su contra. Aseguró que no participó en los nombramientos de sus familiares en la entidad y que tampoco solicitó, recomendó, gestionó o presionó para que se efectuara la vinculación de sus allegados o de otras personas.
“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, precisó en la comunicación oficial.
Irregularidades contractuales y laborales
El organismo de control también busca investigar si hubo anomalías en la celebración de un contrato de la Aerocivil por $400.000.000, aproximadamente, que posteriormente fue modificado y su valor se incrementó a cerca de $12.000.000.000.
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Adicionalmente, investigará presuntas irregularidades en la habilitación de días y horarios no laborables con el fin de adelantar actuaciones contractuales y la aparente desatención a un requerimiento allegado por el Ministerio de Transporte, relacionado con la entrega de información completa y oportuna para poder analizar la gestión contractual de prestación de servicios de la entidad.
El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para empezar con las respectivas investigaciones. Para ello, requirió a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para que, en un término de 10 días hábiles, envíe información relacionada con algunos de sus funcionarios.
“Certificación en la que conste nombre completo, documento de identificación y últimos datos de contacto - dirección, teléfono y correo electrónico, que reposen en sus archivos de quien o quienes hayan fungido en propiedad o por encargo o comisión de servicio, como secretario general y coordinador del área administrativa o los que hagan sus veces de la entidad, desde el 1 de enero de 2025 a la fecha de remisión de la certificación. La misma certificación en relación con la funcionaria Narda Duperly Roa Ibarra”, detalló la Procuraduría Delegada Disciplinaria.
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De igual manera, pidió al Ministerio de Transporte que allegue una copia del requerimiento realizado por la jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, sobre la gestión contractual de prestación de servicios de la entidad, así como un informe en el que indique cuáles de los datos que envió la Aeronáutica Civil no estaban completos.
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