Jennifer Pedraza radicó demanda de pérdida de investidura contra Wadith Manzur, que no se posesionó como senador: así busca su ‘muerte política’

La senadora Jennifer Pedraza radicó en la jornada del miércoles 29 de julio una demanda de pérdida de investidura en contra de Wadith Manzur, senador electo del Partido Conservador, por no haberse posesionado dentro del plazo constitucional de ocho días tras la instalación del Congreso de la República. La acción, presentada ante el Consejo de Estado el 29 de julio, también solicita que se declare su inhabilidad para ocupar cargos de elección popular.

En el documento de la congresista del partido Dignidad y Compromiso, junto a los activistas Alejandro Palacio y Carlos Felipe Parra, se señaló que Manzur no tomó posesión como senador en el plazo que corrió del 21 al 28 de julio, después de que se efectuó el inicio formal de la legislatura. Según los demandantes, esa omisión configura una causal de pérdida de investidura y su privación de la libertad no basta, por sí sola, para acreditar fuerza mayor.

En ese orden de ideas, anunció la presentación de la acción en una declaración pública. “Acabamos de radicar una demanda de pérdida de investidura en contra de Wadith Manzur, lo cual implicaría no solo que pierde su curul en el Senado de la República, sino también su muerte política”, afirmó la senadora: que acotó cómo el demandado “queda inhabilitado de manera permanente para ejercer el cargo de Congresista y cualquier cargo de elección.

Los hechos en los que se apoya la demanda contra Wadith Manzur

Según la demanda, el hoy exsenador del Partido Conservador obtuvo el pasado 8 de marzo de 2026 un total de 134.914 votos, en búsqueda de su continuidad como congresista. Sin embargo, antes de esas elecciones ya cursaba en la Corte Suprema un proceso penal por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en una etapa probatoria que terminó en noviembre de 2025.

Así, tres días después de las elecciones, el 11 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte profirió resolución de acusación contra Manzur por cohecho impropio y ordenó su detención, de acuerdo con la demanda. A raíz de esa decisión, el senador electo quedó recluido bajo custodia de la Policía en la Estación de Carabineros del Parque Nacional, en Bogotá, mientras avanza el juicio en su contra por la presunta comisión de estos delitos.

El documento sostuvo que Manzur, de manera directa o por intermedio de su defensa, pidió autorización para asistir a la instalación del Congreso y posesionarse, incluso por mecanismos distintos a la comparecencia personal. Y agregó que la Secretaría General del Senado remitió el Oficio 1770 de la Corte Suprema, fechado el 22 de julio, en el que se informó que era jurídicamente improcedente autorizar su traslado temporal al Congreso.

Con ello, la acción reiteró que el Congreso se instaló el 20 de julio de 2026 y que desde esa fecha empezó a correr el término constitucional para tomar posesión. Con base en una certificación del Senado, los accionantes afirmaron que el congresista conservador no se posesionó ese día y que tampoco lo había hecho hasta el 24 de julio; además, sostienen que para la fecha de radicación no se había acreditado una posesión posterior.

Así buscarían la ‘muerte política’ de Wadith Manzur, involucrado en el megaescándalo de la Ungrd.

Entre los argumentos jurídicos de la demanda está el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución y en el numeral 7 del artículo 296 de la Ley 5 de 1992. Ambas normas prevén la pérdida de investidura por no tomar posesión dentro de los ocho días siguientes a la instalación de las cámaras, salvo que medie fuerza mayor; que en este caso, para la congresista, no contempla la detención de Manzur como señalado de la comisión de delitos.

Y es que para los accionantes que en este caso no se cumplen los tres elementos exigidos para esa figura, la de fuerza mayor: imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad. “Basta con que falte uno solo para que no la haya”, reafirmó Pedraza por lo que, a partir de esa premisa, sostuvo que la detención era previsible por el avance del proceso penal, que el demandado conocía ese riesgo y que la situación no le resultaba ajena jurídicamente.

En el escrito también se afirmó que la Secretaría General del Senado informó que no había estudiado la posibilidad de una posesión por fuera de los mecanismos previstos en los artículos 17 y 296 de la Ley 5 de 1992. A la vez, precisa que esas circunstancias también deben ser valoradas por el juez y no por la parte demandante. “Aspiramos a que esta demanda se convierta en un precedente”, destacó Pedraza al explicar el alcance que le atribuye al caso.

Con ello se busca resolver la interpretación jurídica en relación con si una persona privada de la libertad puede conservar una curul sin cumplir el deber constitucional de posesionarse. En esa línea, la demanda insiste en que la representación popular no puede separarse de las cargas jurídicas que exige el ejercicio del cargo, por lo que será ahora el alto tribunal el que deberá pronunciarse de fondo sobre cuál sería el futuro político de Manzur.