El Estado colombiano reconoció la desaparición forzada de Guillermo Anzola Grajales y Julio Molina Arias

“Papá, me duele saber que han transcurrido 27 años desde que te apartaron de tu familia, pero duele más no haber tenido razón de ti durante este tiempo. Te recordamos siempre”, se lee en la carta de una de las hijas de Guillermo Anzola Grajales, un residente de Medellín que en compañía de Julio Eduardo Molina Arias salió a Puerto Triunfo, Antioquia, el 7 de marzo de 1995. Nunca volvieron a casa.

El 8 de marzo llegaron al municipio, donde Anzola debía llevar a cabo una diligencia notarial y se hospedaría con su acompañante, en la casa de la familia Anzola, en la que vivía el abuelo de la familia. Llamaron a sus casas en la capital antioqueña y comentaron que al día siguiente volverían.

El 9 de marzo, a las 7:00 a. m., salieron de vuelta, no sin antes llamar a sus familiares, que no sabían que escucharían sus voces por última vez a través de un teléfono. De hecho, fue precisamente Molina el que “comunicó telefónicamente a su esposa que llegaría ese mismo día por la tarde”.

Así reza uno de los reportes del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que respaldó el tortuoso y largo proceso que emprendieron las familias de estas dos víctimas de desaparición forzada en manos del paramilitarismo para esclarecer los hechos.

Tres décadas después, tras desacatos a la justicia internacional, el Estado colombiano reconoció oficialmente su responsabilidad y ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada de Guillermo Anzola Grajales y Julio Eduardo Molina Arias.

Por medio de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro hizo un reconocimiento no solo a ambas víctimas que eran esposos, padres, hijos y hermanos, sino a la robusta e incansable búsqueda que llevaron a término sus familiares ante las autoridades estatales, en cabeza de Julio Eduardo Molina Arias, Guillermo Anzola Grajales y Karol Juliana Anzola Usuga.

Según el documento, el vehículo en el que se desplazaban Anzola Grajales y Molina Arias fue hallado abandonado en el municipio de San Francisco, Antioquia, pocos días después del hecho, sin rastro de sus ocupantes.

Las excusas fueron por los hechos ocurridos el 9 de marzo de 1995, por la imposibilidad de dar con el paradero de las víctimas, por la falta de identificación y judicialización de los autores y por la demora en el reconocimiento de una reparación integral.

La investigación del caso atribuido al Estado colombiano

Los voceros de la entidad indicaron que a raíz de la desaparición —y antes de la entrada de los organismos internacionales— la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) iniciaron acciones jurídicas para que se investigaran los hechos, se judicializara a los responsables y se identificara el paradero de las víctimas.

El caso fue presentado en septiembre de 2011 ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por parte de la CCJ, en calidad de representante de los familiares de las víctimas. En 2015, la instancia multilateral determinó que el Estado colombiano vulneró los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal y el acceso a la justicia.

Sin embargo, en 2022 la respuesta del Estado colombiano fue desconocer las órdenes de las Naciones Unidas. Desde la CCJ se informó que hasta esa fecha ”Colombia no ha adoptado una decisión de fondo en lo relativo al reconocimiento y reparación de los daños causados a las víctimas. El Estado ha dilatado el cumplimiento de las órdenes, ignorando los derechos de petición enviados, postergando la toma de decisiones de fondo y negando el reconocimiento de sus obligaciones estatales“.

Se realizará un acto público

Como parte del cumplimiento a este dictamen, el Estado colombiano se comprometió a realizar un acto público de disculpas mediante un acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2025 ante la Procuraduría General de la Nación.

Desde la Cancillería rindieron un homenaje a la persistencia de los familiares de Anzola Grajales y Molina Arias en la búsqueda de justicia, verdad y reparación.

De la misma manera, se instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a intensificar las investigaciones para garantizar la judicialización de los responsables y ubicar a Guillermo Anzola Grajales y Julio Eduardo Molina Arias.