Gobierno Petro designó como notario al hijo de Eleonora Pineda, excongresista condenada por parapolítica

El presidente Gustavo Petro nombró a Rubén Alonso Méndez Pineda como notario interino segundo de Girardot, en medio de una serie de designaciones en notarías del país, una decisión que abrió cuestionamientos porque es hijo de la excongresista Eleonora Pineda, condenada en 2008 por vínculos con la parapolítica y con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La designación hace parte de más de una decena de nombramientos realizados en la última semana (23 al 30 de julio), y en un solo día fueron designados ocho nuevos notarios para reemplazar a funcionarios que salieron por cumplir la edad de retiro.

Según reveló Cambio, la mayoría de esos cargos fueron entregados en interinidad porque el Gobierno sostiene que la lista de elegibles de 2016 dejó de estar vigente en julio de 2018.

Méndez Pineda, abogado, ejercerá en Girardot, Cundinamarca, aunque una parte de su trayectoria profesional transcurrió en Córdoba.

Su más reciente cargo en el sector público fue el de secretario general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales.

Llegó a esa entidad cuando el director general era Mauricio Marín, quien después pasó a la presidencia de la Fiduprevisora. Salió del Fondo en 2023, tras la llegada de Fanny Vaca a la dirección.

Durante el relevo en Ferrocarriles Nacionales surgieron versiones sobre presuntas irregularidades administrativas detectadas en el proceso de empalme. Hasta ahora, sin embargo, no existe una decisión judicial o disciplinaria que haya comprobado anomalías en la gestión de Méndez Pineda.

La cercanía con Marín llamó la atención por los pronunciamientos recientes del propio Petro sobre la crisis en la Fiduprevisora y la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.

En su cuenta de X, el presidente escribió: “La reforma de la salud nunca la llevaron a cabo en el fomag, porque la banda de Marín volvió a meter intermediarios particulares en la salud de los maestros que un sector del magisterio también protege. Estos intermediarios se roban billones de la salud de los maestros”.

El caso de Méndez Pineda no es el único dentro de la serie de designaciones recientes. Entre los nombramientos también aparece Karyme Cotes, excongresista liberal por Sucre entre 2022 y 2026, que asumirá la Notaría Sexta de Medellín.

La lista incluye además a Óscar Alarcón Cuéllar, designado en la Notaría 23 de Cali, que hasta junio trabajó en la Unidad de Apoyo Normativo del concejal del Pacto Histórico Sergio Zamora, cercano a los congresistas Wilson Arias y Alfredo Mondragón. En la Notaría Segunda de Santa Marta fue nombrado Alberto Mario Garzón, presidente de Unión Magdalena.

Las notarías son cargos apetecidos por la estabilidad y los ingresos que ofrecen, pero en teoría no son empleos de libre nombramiento y remoción. Los notarios deben llegar por concurso de méritos, aunque la ausencia de una lista vigente de elegibles permitió que los gobiernos hagan estas designaciones en interinidad y con un margen amplio de discrecionalidad.

Este tipo de decisiones no es nuevo. Iván Duque hizo nombramientos similares cuatro días antes de dejar la Presidencia, y años antes el gobierno de Álvaro Uribe entregó notarías a congresistas como Yidis Medina en medio del escándalo de la yidispolítica por los apoyos a su reelección.

Todos los actos recientes fueron expedidos por la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque. En paralelo, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, anunció que revisará las designaciones hechas en los últimos días del gobierno y que buscará destrabar el concurso de méritos para notarios, una de las banderas de Abelardo de la Espriella.

Por qué fue condenada la excongresista Eleonora Pineda

La excongresista Eleonora Pineda quedó libertad en el año 2009 tras cumplir las tres quintas partes de la condena que recibió por su vínculo con la parapolítica, una causa en la que la Justicia dio por probado que se reunió con jefes paramilitares, participó en encuentros para “refundar la patria” y mantuvo una relación estrecha con estructuras armadas de Córdoba durante 2001.

La exrepresentante a la Cámara por Córdoba había sido condenada a siete años y medio de prisión, pena que se redujo en un 50% por haberse acogido a sentencia anticipada. Cuando fue sentenciada, el 22 de octubre de 2008, ya había cumplido 18 meses en prisión y ahora salió de la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.

El expediente judicial estableció que Pineda se reunió en varias ocasiones con Salvatore Mancuso, Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, entre otros paramilitares. También quedó acreditado que firmó el “Pacto de Ralito” y que tuvo una relación muy estrecha con miembros de los bloques Córdoba y Héroes de Tolová.

La relación entre la ex parlamentaria y los paramilitares fue confirmada por Mancuso y por José Vicente Castaño. La propia Pineda aceptó cargos ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Ante la Corte, la exrepresentante ratificó su participación en una reunión realizada a comienzos de 2002 cerca de Montería. A ese encuentro asistieron Mancuso y el exsenador antioqueño Mario Uribe.

Pineda sostuvo que Uribe no sabía que iba a encontrarse con el jefe paramilitar. También afirmó que en esa reunión se habló del proceso de paz con el grupo armado y no de alianzas políticas, como se le había atribuido al político antioqueño.

El nombre de la excongresista aparece además en el “Pacto de Ralito”, firmado por cerca de 100 políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. El objetivo de ese acuerdo era sellar una alianza entre dirigentes políticos y autodefensas para garantizar el proyecto paramilitar y “refundar la patria”.

Aunque se señala que no fue firmante del pacto, sí la ubica como participante activa en las reuniones que buscaban ese acuerdo. Ese documento fue redactado y firmado por cuatro jefes paramilitares, dos gobernadores, cinco alcaldes, seis congresistas y siete líderes regionales.

Pineda siempre reconoció su estrecha amistad con Mancuso y con Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Ambos fueron extraditados y están recluidos en cárceles de Estados Unidos.

La exrepresentante fue elegida con 82.000 votos obtenidos en Tierralta, en el departamento de Córdoba. Su caso se convirtió en uno de los episodios más visibles del proceso de parapolítica que vinculó a dirigentes regionales con las autodefensas.