Dos internos habrían fallecido en medio de un encuentro íntimo en la cárcel de Ibagué: los cuerpos fueron encontrados con signos de ahorcamiento

El hallazgo de dos internos sin vida en el bloque 7 del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (Coiba) generó alarma entre las autoridades penitenciarias y judiciales del Tolima. Los cuerpos fueron localizados tras un encuentro íntimo autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según Caracol Radio, un dragoneante del instituto acudió a la puerta del sitio tras finalizar el tiempo permitido para la visita. Al no recibir respuesta, decidió ingresar y fue entonces cuando encontró a ambos internos muertos.

Las primeras inspecciones practicadas a los cuerpos detectaron signos de ahorcamiento. No obstante, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la causa definitiva de los fallecimientos, tras la respectiva autopsia.

El hecho ocurrió durante un encuentro íntimo previamente pactado y autorizado para Mariana Muñoz Vega y Jhon Emerson Muñoz Guerrero, quienes pertenecían a diferentes pabellones del penal. La mujer estaba adscrita al patio 24, reservado para mujeres, mientras que el hombre cumplía condena en el bloque 3.

Según registros periodísticos, Muñoz Guerrero, de 30 años y oriundo de Purificación, Tolima, había enfrentado detenciones anteriores por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Este hecho llevó al CTI de la Fiscalía a tomar control de la investigación. El organismo judicial inició la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo participación de terceros o si se trató de un acto voluntario.

Asesinan a tiros al funcionario del Inpec, Alexander Mejía Cuéllar, en Cali

La noche del 24 de julio de 2026, Alexander Mejía Cuéllar, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, perdió la vida tras ser atacado a balazos en una calle del barrio Nueva Floresta, en Cali. El hecho ocurrió cerca de las 7:00 p. m., según detalla un informe interno de la entidad.

El ataque fue perpetrado por personas no identificadas que se desplazaban en motocicleta y dispararon repetidas veces contra Mejía Cuéllar. La víctima falleció en el sitio. Su compañera sentimental también fue alcanzada por los disparos y debió ser trasladada a un centro médico, donde permanece bajo observación, de acuerdo con información de Caracol Radio.

La situación ha generado conmoción dentro del Inpec, ya que el funcionario contaba con una trayectoria de 25 años y seis meses al servicio de la institución. Mejía Cuéllar había asumido sus funciones el 19 de enero de 2001, como se indica en el reporte judicial firmado por Fabián Cuero Velásquez, miembro de la Policía Judicial del Eron.

Las autoridades no han revelado hasta el momento detalles sobre los posibles móviles del crimen ni han identificado a los responsables del ataque.

Este homicidio pone en relieve los riesgos que enfrentan los funcionarios penitenciarios en Colombia, quienes a menudo son blanco de ataques en el cumplimiento de sus funciones. La investigación se encuentra abierta y las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Las situaciones descritas ponen en evidencia la vulnerabilidad de los diferentes actores que intervienen en el entorno carcelario colombiano. Por un lado, la muerte de dos internos en circunstancias no esclarecidas dentro de un espacio autorizado para visitas íntimas plantea interrogantes sobre la efectividad de los protocolos de seguridad y la capacidad de vigilancia en los establecimientos penitenciarios.

Este hecho también subraya la urgencia de revisar los mecanismos de control y acompañamiento durante actividades que, aunque forman parte de los derechos de la población reclusa, pueden derivar en situaciones de alto riesgo si no se gestionan adecuadamente.

Por otro lado, el asesinato de un funcionario del Inpec fuera del ámbito carcelario revela que las amenazas para el personal penitenciario trascienden los límites físicos de los centros de reclusión. La exposición constante a peligros, tanto en el ejercicio de sus labores como en su vida cotidiana, exige una respuesta institucional más robusta en materia de protección y acompañamiento psicosocial.