
Voceros de la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmaron que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se renovó el convenio que permite la expedición de pasaportes en siete puntos de la Red CADE de la ciudad, con una extensión de la vigencia del servicio hasta diciembre de 2026.
Esta alianza facilitará a los ciudadanos el acceso a trámites de expedición y renovación de pasaportes fuera de las sedes tradicionales de la Cancillería durante lo que queda del año en curso.
De acuerdo con el comunicado del distrito, desde la implementación de este modelo ya se han registrado más de 250.000 atenciones a usuarios, cifra que deja ver los resultados de un modelo de acercamiento de este trámite a varios barrios y localidades de la capital.
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La fecha hasta diciembre implica que el convenio asegure la continuidad de la atención, pero abre un periodo de transición para que el próximo Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de las Espriella, evalúe y fortalezca el modelo de articulación entre la Nación y el Distrito.
Los siete puntos habilitados para realizar el trámite son: SuperCade Las Américas, SuperCade Calle 13, Cade Fontibón, Cade Santa Lucía, Cade Tunal, Cade Servitá y Cade La Gaitana. Todos los servicios se prestan de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.
Para solicitar el pasaporte es indispensable agendar una cita previa a través del portal oficial de la Cancillería. La entrega del documento no requiere cita y la expedición en estos puntos no tiene costos adicionales, ya que se mantienen las mismas tarifas y condiciones vigentes en las sedes de la Cancillería.
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Cancillería acata decisión judicial tras negativa de medida cautelar contra el nuevo modelo de pasaportes
La Cancillería se pronunció públicamente para expresar respeto por la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación para suspender los desembolsos del convenio de pasaportes suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal.
El fallo fue el primer pronunciamiento jurisdiccional sobre los fundamentos legales del nuevo modelo de expedición de pasaportes implementado por el Gobierno.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión judicial se refiere a la solicitud de la Procuraduría, que en 2025 demandó el convenio por más de 1 billón de pesos debido a presuntas irregularidades en la suscripción del acuerdo. El contrato establece una nueva ruta para la impresión de pasaportes, reemplazando el esquema previo operado por la multinacional Thomas Greg & Sons.
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El Tribunal concluyó que la solicitud de suspensión de los desembolsos no cumplía los requisitos legales, al no acreditarse la gravedad de negar la medida respecto a concederla. Además, consideró que el convenio cuenta con respaldo jurídico en la Ley 1150 de 2007 y advirtió que suspender los pagos podría afectar la continuidad de un servicio público fundamental como la expedición de pasaportes, con posibles consecuencias sobre el derecho a la libre circulación.

La implementación del nuevo modelo comenzó el 1 de abril de 2026. El convenio de cooperación, por 1,3 billones de pesos, prevé la transferencia de tecnología y conocimiento por parte de la Casa da Moeda de Portugal para que la Imprenta Nacional asuma la función de manera autónoma en un plazo de diez años.
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El acuerdo también incluyó la participación obligatoria de la Imprimerie Nationale (IN Groupe) de Francia como socio estratégico, con un modelo de consorcio en el que ambas entidades comparten costos, inversiones y riesgos del proyecto.
En la primera etapa, los pasaportes se fabricarán en Europa y se enviarán a la Imprenta Nacional para su personalización y distribución.
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