Asocapitales pidió al Gobierno aplazar la Ley de Competencias y abrir un debate con los territorios: “Es inconveniente”

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó su preocupación por la radicación de un proyecto de ley de reforma que redefine la distribución de competencias y recursos entre la Nación y los territorios, presentada por el Gobierno nacional saliente a pocos días del relevo presidencial con Abelardo de la Espriella, presidente electo.

Este proyecto de Ley Orgánica de Competencias se radicó el 20 de julio, con el fin de “definir cómo se distribuye el Sistema General de Participaciones, cómo se cierran las brechas y cómo se recategorizan las entidades territoriales”, según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre esa iniciativa.

En términos generales, la explicación del Gobierno Petro es que la nueva propuesta —al parecer, modificada frente al Proyecto de Ley 502 de 2025 Cámara, radicado en diciembre de 2025 y archivado el 20 de junio de 2026— establece “las obligaciones de las entidades territoriales frente al nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) para la administración, ejecución y supervisión de los recursos destinados a programas y proyectos de educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros”.

Sin embargo, a los ojos de autoridades territoriales asociadas esta medida sería “inconveniente” e “inoportuna”, en primer lugar, por el momento de la presentación del proyecto y porque, según su análisis, “no introduce cambios estructurales” respecto a la iniciativa archivada en el periodo legislativo anterior.

“La Ley de Competencias no puede convertirse en una decisión de última hora. Estamos hablando de una reforma que definirá quién presta los servicios, con qué recursos y bajo qué responsabilidades. Su construcción exige tiempo, evidencia técnica, concertación territorial y una visión de Estado que comprometa plenamente al Gobierno que deberá ejecutarla”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de la organización.

Qué riesgos traería la Ley Orgánica de Competencias

Los alcaldes argumentaron contra la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución, que además, plantea que el Sistema General de Participaciones (SGP) aumente gradualmente su participación en los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39,5%, en un proceso que no podrá empezar antes de 2027.

De la misma manera, en la asociación advirtieron riesgos para la autonomía y la sostenibilidad de los territorios porque, según su concepto, el proyecto no garantiza plenamente que todas las nuevas competencias vayan acompañadas de financiación suficiente y estable.

También alertaron que hay una posibilidad de que los recursos territoriales en manos de la Nación terminen cubriendo funciones que corresponden precisamente a la gestión nacional, con afecciones en la inversión local y eventuales presiones en los presupuestos de las ciudades.

Los alcaldes asociados indicaron que las ciudades capitales atienden no solo a su población residente, sino también “a población flotante, migrante y proveniente de municipios vecinos”, que implica costos adicionales en servicios como salud, educación, agua, transporte y seguridad.

En ese punto, Santamaría afirmó que el diseño de la ley que tramite el Gobierno saliente será determinante para impulsar o desincentivar la centralización en el país.

“La Ley de Competencias será una de las reformas territoriales más importantes de las próximas décadas. De su diseño dependerá que la descentralización fortalezca a los territorios o les traslade responsabilidades sin los recursos necesarios”, dijo.

Qué pidieron los alcaldes de las ciudades capitales

Entre las demandas de la asociación figura el reconocimiento de dicha población flotante, las dinámicas metropolitanas, los costos diferenciales de las ciudades fronterizas y amazónicas, las presiones por migración y pobreza, y las brechas de capacidad fiscal y administrativa.

Recordaron que el SGP financia actualmente cerca del 28,6% de los ingresos corrientes de la Nación destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, antes de la transición hacia la meta constitucional del 39,5%.

“Colombia necesita una Ley de Competencias, pero necesita una buena ley. Una reforma apresurada podría trasladar obligaciones sin capacidades, profundizar desigualdades y debilitar la prestación de servicios. Las ciudades estamos listas para aportar una propuesta técnica que haga coincidir autonomía, recursos y responsabilidad”, agregó Santamaría.

Por ende, pidieron al Gobierno saliente entregar todos los estudios y documentos del proceso anterior como parte del empalme institucional, y solicitó al nuevo Gobierno y al Congreso abrir una discusión pública amplia y participativa.

El objetivo, según la asociación, es “convertir la Ley de Competencias en un acuerdo nacional de largo plazo”, con mesas sectoriales y participación directa de las entidades territoriales, para garantizar efectos positivos sobre la educación, la salud, el agua potable, la infraestructura y la sostenibilidad fiscal de los territorios.

También pidieron al Gobierno nacional y al Congreso que publiquen íntegramente el nuevo articulado, la exposición de motivos, el aval fiscal y un cuadro comparativo que evidencie qué disposiciones fueron modificadas respecto del proyecto anterior.