Pacto Histórico y Ungrd radicaron proyecto de ley para reconocer a las víctimas climáticas y transformar la entidad en una agencia autónoma

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la bancada del Pacto Histórico radicaron ante el Congreso de la República el proyecto de ley denominado “Política Nacional de Gestión del Riesgo para las Víctimas Climáticas”, una iniciativa que plantea cambios en la forma en que el Estado atiende a las comunidades afectadas por desastres, situaciones de riesgo inminente y desplazamiento forzado ambiental relacionado con el cambio climático.

La propuesta busca reconocer la gestión del riesgo como un derecho fundamental y establecer que las familias y comunidades que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad estructural sean consideradas sujetos de especial protección.

Además, incorpora el concepto de “víctima climática”, con el propósito de identificar a las personas y comunidades afectadas por desastres, situaciones de riesgo inminente o desplazamiento forzado ambiental asociado al cambio climático, categoría que complementaría las figuras de afectado y damnificado para orientar acciones de adaptación, reparación y justicia climática.

Cambios institucionales y un nuevo enfoque para la gestión del riesgo

De acuerdo con la iniciativa presentada al Congreso, uno de los principales cambios consistiría en la transformación de la Ungrd en la Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Angracc), entidad que asumiría la coordinación técnica de la política pública, mientras que los ministerios y las demás entidades del Estado ejecutarían directamente los procesos de reconstrucción de infraestructura dentro del ámbito de sus competencias.

La nueva agencia también tendría la función de orientar y aprobar técnicamente los Planes de Acción Específicos (PAE), además de realizar el seguimiento a su ejecución.

El proyecto contempla igualmente el cierre y la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe con el propósito de evitar la duplicidad de funciones dentro del sistema institucional encargado de la gestión del riesgo.

Durante la radicación de la iniciativa, la senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho afirmó: “Este proyecto de ley reconoce a las víctimas climáticas como sujetos especiales de derechos y transforma la Unidad de Gestión del Riesgo en una agencia. Es un cambio fundamental en el enfoque de derechos para proteger a las poblaciones vulnerables frente a los riesgos y desastres, y esperamos que haga parte del Acuerdo Nacional”.

Por su parte, el director de la Ungrd, Javier Pava, señaló: “este proyecto de ley es un legado del ‘Gobierno del Cambio’ y del presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis climática. Busca resolver problemas estructurales de la Ley 1523, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales como primeros respondientes y reconocer a los damnificados, las familias expuestas a riesgo inminente y los desplazados climáticos como víctimas climáticas que requieren protección y restitución de derechos”.

Nuevas herramientas para la respuesta y la recuperación

En materia de atención a las emergencias, el proyecto plantea la implementación de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y de la Evaluación de Daños, Pérdidas, Riesgos Asociados y Necesidades e Impactos (Edanprie), metodología que incorpora la evaluación de pérdidas, los riesgos asociados y los impactos derivados de los eventos.

Asimismo, propone fijar un límite de 12 meses para las declaratorias de desastre y establecer la emisión de un concepto técnico sectorial de normalidad como requisito para el cierre de las emergencias.

El enfoque territorial también hace parte de la propuesta legislativa. El texto contempla la participación de representantes de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el pueblo Rrom en los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo. Igualmente, prevé la creación de instancias propias de coordinación en los territorios indígenas y en los colectivos NARP.

De acuerdo con el proyecto, el conocimiento tradicional, las señales de alerta comunitarias y la memoria local se integrarían con la evidencia científica y técnica para fortalecer la gestión del riesgo. Además, la información relacionada con estos procesos deberá estar disponible en lenguas nativas y en formatos culturalmente apropiados.

Otro de los cambios planteados consiste en eliminar el término “naturales” de las referencias normativas sobre desastres, de manera que la legislación haga referencia únicamente a “desastres”. El articulado también mantiene la corresponsabilidad entre el Estado, la ciudadanía, el sector privado y las comunidades como principio de la gestión del riesgo, sin trasladar a otros actores las obligaciones que, de acuerdo con la Constitución, corresponden al Estado.

Más de 4,8 millones de personas resultaron afectadas por emergencias entre 2022 y 2026

Las cifras presentadas por la Central de Información y Telemática de la Ungrd (CITEL) muestran la dimensión de las emergencias registradas en el país durante los últimos años.

Entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026, el consolidado de emergencias y desastres reportó 28.924 eventos, que dejaron 4.861.815 personas afectadas, correspondientes a 1.146.292 familias. En ese mismo periodo también se registraron 20.061 viviendas destruidas, 385.713 viviendas averiadas y 1.235.853 hectáreas afectadas.

Según la información presentada por la entidad, los incendios forestales representaron el 50% de los eventos registrados, seguidos por los movimientos en masa, con 15,7%, y las inundaciones, con 10,5%. Además, aproximadamente el 87% de estos eventos estuvo asociado a condiciones climáticas.

La iniciativa legislativa comenzará ahora su trámite en el Congreso de la República, donde deberá surtir las discusiones y votaciones correspondientes para definir el alcance definitivo de las modificaciones propuestas a la política de gestión del riesgo y al modelo institucional encargado de atender las emergencias y desastres en el país.