
El 29 de julio de 2026, una jueza de Conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo Omar, que también participó en la contienda por la Presidencia de la República como candidato, a nueve años y nueve meses de prisión por haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia también fijó una multa equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014. De igual manera, fue sancionado con la inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de condena.
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El abogado Julián Quintana, representante de la Alcaldía de Santa Marta en el proceso penal, que fue reconocida como víctima, se pronunció al respecto. En declaraciones expuestas por el medio de comunicación La Razón, el jurista y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía celebró la decisión tomada por la jueza de Conocimiento de Bogotá y aseguró que continuará con las indagaciones pertinentes.

“Hemos logrado la condena en contra de Carlos Caicedo, un personaje que por mucho tiempo gozó de impunidad (...). Seguiremos adelante con las demás investigaciones y juicios, y como lo prometimos a la ciudad de Santa Marta y al país, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se siga haciendo justicia”, precisó el profesional en Derecho.
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A través de su cuenta de X, Quintana agradeció a la Alcaldía de Santa Marta por haber permitido que representara sus intereses en el proceso, teniendo en cuenta que, según las conclusiones que sacó la justicia, el exalcalde generó un millonario detrimento patrimonial.
“Gracias a @SantaMartaDTCH por depositar su confianza en nosotros para representar y defender los intereses de la ciudad. Este fallo demuestra que la justicia sí puede prevalecer cuando se trabaja con rigor, compromiso y determinación”, escribió en la red social.

Por otro lado, en conversación con El Informador, el abogado informó que iniciará un incidente de reparación “para ir en contra” de los bienes del exalcalde Carlos Caicedo. Esto, con el fin de lograr la respectiva reparación que requiere la ciudad por el detrimento patrimonial que se generó con las acciones de corrupción en las que el exfuncionario estuvo involucrado.
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Los hechos de corrupción que derivaron en la condena de Caicedo
La Fiscalía informó que el exalcalde de Santa Marta intervino en la estructuración de un contrato del 20 de agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una sociedad privada. El objeto del contrato era llevar a cabo el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, y su valor ascendió a los $6.532 millones.
Las investigaciones adelantadas indican que Caicedo, que fungió como presidente de la junta directiva de la ESE, impulsó el proyecto mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de 2014, pese a que no cumplía con varios requisitos:
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- Estudios previos
- Licencias de demolición
- Conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social.
Además, se pudo verificar que el mencionado proyecto no estaba incluido en el plan anual de adquisiciones. Las licencias requeridas se expidieron tres años después del inicio de las obras.

La Fiscalía enlistó las consecuencias que surgieron de estas irregularidades. Por un lado, generaron la suspensión de servicios en varios centros de salud, lo que obligó a trasladar la atención de los usuarios a inmuebles que fueron arrendados y a sedes de juntas de acción comunal. Por otra parte, las obras “quedaron inconclusas” hasta la liquidación del contrato, en julio de 2016.
Los hechos de corrupción derivaron en un detrimento patrimonial superior a $5.040 millones. Esto, teniendo en cuenta que al contratista se le giraron $4.408 millones, pero las obras ejecutadas valieron $1.570 millones.
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