Montelíbano decreta medidas de seguridad tras bloqueos por desalojo del predio La Manuela

La Alcaldía de Montelíbano adoptó nuevas medidas de seguridad y convivencia luego de los bloqueos registrados en la vía que comunica al municipio con La Apartada, en Córdoba, relacionados con la protesta por el desalojo del predio privado conocido como La Manuela y sus terrenos colindantes.

A través del Decreto N.° 0739 del 26 de julio de 2026, el alcalde Gabriel Alberto Calle Demoya estableció restricciones temporales para atender la situación de orden público generada tras las manifestaciones y cierres viales que afectaron la movilidad en esta zona del sur del departamento. El conflicto surgió después de que habitantes que ocupan el predio La Manuela rechazaran el procedimiento de desalojo programado por la administración municipal para el próximo 28 de julio. Como consecuencia de la protesta, fue bloqueado el sector del puente La Manuela, uno de los corredores principales entre Montelíbano y La Apartada.

Durante la jornada, la interrupción del paso afectó el transporte de pasajeros, vehículos de carga y la movilidad de quienes necesitan desplazarse por esta vía. Según testimonios conocidos, algunos manifestantes habrían impedido el tránsito de personas y vehículos, además de lanzar advertencias contra transportadores.

La situación llevó a la instalación de medidas preventivas por parte de la administración municipal, que busca garantizar el control territorial mientras avanzan las acciones relacionadas con el desalojo del predio. Cabe recordar que esta comunidad ya había sido retirada del lugar en mayo y posteriormente regresó a ocupar el terreno.

El decreto autoriza a la Policía Nacional y al Ejército a realizar cierres parciales o totales de vías cercanas a instalaciones como estaciones, comandos, oficinas de policía judicial, la Alcaldía y sedes de la Fiscalía. También permite la instalación de vallas y resaltos temporales para disminuir la movilidad en puntos considerados sensibles. Dentro de las disposiciones adoptadas se ordenó el cierre total de la calle 16 con carreras 4 y 5 entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente, con el objetivo de prevenir posibles ataques contra integrantes de la fuerza pública.

La administración municipal también restringió el transporte de pipetas de gas, escombros y sustancias peligrosas como gasolina cerca de instalaciones oficiales o lugares donde se presenten bloqueos. Además, quedó prohibido movilizar combustibles en botellas, galones u otros recipientes no convencionales por parte de personas que transiten en motocicleta o a pie.

Otra de las medidas establecidas corresponde a la prohibición del porte de armas de fuego en todo el municipio, con excepción de la fuerza pública y los organismos de seguridad privada autorizados. De igual manera, se restringió el porte de armas blancas cuando no estén relacionadas con actividades laborales del campo u oficios similares.

El decreto contempla además restricciones para el transporte de parrilleros en motocicletas de cualquier cilindraje y establece una limitación de movilidad entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana desde el 26 de julio. También suspendieron temporalmente la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde de esa misma fecha.

La Alcaldía indicó que las medidas permanecerán vigentes hasta que desaparezcan las condiciones que generaron la alteración del orden público y se disponga el levantamiento del decreto. Para su aplicación, se solicitó a la Policía y al Ejército adelantar los controles correspondientes según las normas de convivencia ciudadana. La decisión se tomó después de la instalación del Puesto de Mando Unificado municipal el pasado 24 de julio, espacio creado para coordinar las acciones institucionales frente al procedimiento de desalojo de La Manuela y sus predios cercanos.

Aunque las autoridades confirmaron que la vía Montelíbano-La Apartada se encuentra habilitada, el municipio mantiene vigilancia sobre la situación para evitar nuevos bloqueos y garantizar la movilidad de la comunidad mientras continúa el proceso administrativo relacionado con el terreno ocupado.