Congresista pidió poner la lupa sobre Petro tras denuncia millonaria que hizo Angie Rodríguez: “Es repugnante e inaceptable”

El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, cuestionó severamente a la administración saliente del presidente Gustavo Petro tras conocerse denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y presiones políticas en varias entidades del Estado.

La crítica del congresista se produjo tras las denuncias de la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que alertó sobre el posible traslado de $1,2 billones por parte del presidente Petro destinados a obras en La Mojana hacia otros fines, pese a que, según afirmó, esos recursos ya tendrían una destinación definida.

La funcionaria advirtió en diferentes medios de comunicación, como en la revista Semana y en RCN Noticias, que la medida no cuenta con sustento técnico ni jurídico, además de denunciar presiones indebidas por parte de personas ajenas a la función pública dentro de la administración central.

Ante estos señalamientos, el congresista opositor reaccionó de manera directa en su cuenta en la red social X, en la que exigió la intervención inmediata de los organismos de control antes del cierre del mandato presidencial, que será el 7 de agosto de 2026, es decir, en 12 días.

“Dice Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero: ella sin ser funcionaria pública ejercía presión sobre varias entidades para cobrar y pedir puestos, para quitar y poner gente como ama y señora”, citó el representante en su cuenta de la red social X.

En la misma publicación, el parlamentario calificó la situación como un hecho de gravedad dentro del entorno cercano a la Presidencia de la República: “Es repugnante e inaceptable toda esta presunta red de corrupción instalada desde el círculo más íntimo del presidente”.

El representante también hizo un llamado urgente a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para revisar los movimientos financieros del Gobierno antes del empalme: “Importantísimo que los entes de control vigilen todas las transferencias de recursos de este gobierno a menos de 12 días para que entreguen el poder”.

Fondo Adaptación alerta sobre posible traslado de recursos comprometidos hasta 2029

El origen de la controversia presupuestal está vinculado al Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, normativa que habilita modificaciones en los fondos del Fondo Adaptación. Rodríguez sostuvo que la entidad no fue convocada a mesas técnicas para evaluar la viabilidad de trasladar este dinero a otras regiones como la Amazonía.

“Los recursos no están libres”, afirmó la gerente de la entidad, que explicó que los fondos destinados a La Mojana corresponden a compromisos adquiridos mediante decisiones del Estado con programación hasta 2029.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro había señalado en Consejo de Ministros que dicho capital debía reasignarse para atender emergencias ambientales inmediatas: “Todo lo que podamos recoger. El billón de pesos que está en el Fondo Adaptación se traslada por orden presidencial para la emergencia”.

Sin embargo, el Fondo Adaptación advirtió que disponer de esos dineros de forma automática puede generar consecuencias penales y disciplinarias para los servidores públicos que firmen los traslados.

“Su proyecto en la selva amazónica va por otro rubro”, precisó Rodríguez en respuesta al presidente Petro, al indicar que la selva amazónica cuenta con sus propias fuentes de financiación.

La controversia escaló al plano personal luego de que el Fondo Adaptación informara que Rodríguez se encuentra en incapacidad médica tras enfrentar presuntos episodios de violencia institucional y hostigamiento derivados de sus actuaciones, según reveló la revista en mención.

La denuncia sobre presuntas presiones indebidas ejercidas por personas externas al Gobierno sumó un nuevo foco de tensión a la transición de mando en el país. Actualmente, las denuncias avanzan ante la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entes que deberán certificar si los traslados presupuestales y las actuaciones denunciadas se ajustan a la Constitución y la ley.