La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la situación humanitaria que enfrenta el corregimiento de Huisitó, en El Tambo (Cauca), donde los recientes combates entre integrantes de la estructura Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, y unidades del Ejército habrían dejado seis personas heridas, además de afectar a la población civil y a una institución educativa donde permanecían varios menores de edad.
De acuerdo con el organismo, la información recopilada hasta el momento continúa en proceso de verificación, pero indica que las afectaciones a personas y bienes civiles no solo habrían sido ocasionadas por la estructura armada ilegal, sino también por acciones de la Fuerza Pública, un aspecto que la entidad consideró de especial preocupación por las implicaciones que tiene para la protección de la población civil.
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Doce niños, docentes y un rector estaban en la escuela durante los hechos
La Defensoría informó que ha desplegado acciones de monitoreo y acompañamiento en la zona para atender a las comunidades afectadas. Entre las principales preocupaciones está la situación de 12 niños y niñas, el rector y el cuerpo docente de la institución educativa, quienes se encontraban dentro del plantel cuando ocurrieron los enfrentamientos.
La entidad también participó en el Comité de Justicia Transicional, convocado por las autoridades competentes, con el propósito de hacer seguimiento a la emergencia humanitaria y coordinar la respuesta institucional frente a los hechos registrados en este sector del departamento del Cauca.
El organismo insistió en que las instituciones educativas deben mantenerse como bienes de carácter civil, protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Constitución Política, al tiempo que recordó que los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección reforzada en medio del conflicto armado.
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Defensoría pide respetar el Derecho Internacional Humanitario
En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten plenamente las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de desarrollar acciones que pongan en riesgo a la población civil, especialmente aquellas que involucren establecimientos educativos o comprometan la vida e integridad de menores de edad.
Asimismo, dirigió un mensaje específico a la Fuerza Pública, en particular al Ejército Nacional, para que durante el desarrollo de operaciones militares observe estrictamente los principios de precaución y proporcionalidad previstos en el Derecho Internacional Humanitario.
La entidad subrayó que, cuando exista la posibilidad de que las operaciones puedan afectar a menores de edad, las autoridades militares deben priorizar el interés superior de los niños y extremar todas las medidas de protección, con el fin de evitar daños a la población civil y a bienes protegidos, como las escuelas.
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Solicitan atención humanitaria y apoyo psicosocial
Otro de los llamados estuvo dirigido a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que garanticen la atención humanitaria integral a las personas lesionadas, así como el acompañamiento psicosocial a los niños, adolescentes, docentes y demás integrantes de la comunidad que pudieron resultar afectados por los enfrentamientos.
La Defensoría advirtió que la exposición de menores de edad a escenarios de confrontación armada puede generar graves consecuencias físicas y psicológicas, con impactos en su bienestar, su desarrollo y el ejercicio del derecho a la educación.
En ese sentido, enfatizó que la planeación y ejecución de operaciones militares debe incorporar una evaluación permanente de los riesgos para la población civil, especialmente cuando estas se desarrollan en lugares donde niños, docentes y comunidades realizan sus actividades cotidianas.
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La Defensoría mantendrá seguimiento a la situación en Cauca
Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que continuará realizando seguimiento a la situación humanitaria en el departamento del Cauca y adelantará las acciones defensoriales necesarias para contribuir a la protección de los derechos humanos de la población civil y al respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La entidad concluyó reiterando que la protección de la población civil debe constituir una prioridad absoluta en cualquier circunstancia, especialmente en regiones donde persisten las confrontaciones entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.
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