El Gobierno nacional declaró el desastre nacional por el riesgo inminente asociado con el fenómeno de El Niño mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, una medida que regirá durante 12 meses y que activa un régimen especial para atender, reducir el riesgo y recuperar al país de impactos previstos sobre agua, energía, salud pública, seguridad alimentaria y otros servicios esenciales.
La decisión se apoya en alertas técnicas que prevén un fortalecimiento del fenómeno durante el segundo semestre de 2026 y su persistencia hasta el primer trimestre de 2027. Según el decreto, el escenario más crítico incluye la posible ocurrencia de apagones generalizados y racionamientos prolongados de energía, una situación que el Gobierno califica como una amenaza real y grave para la población y para la infraestructura crítica.
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El documento indica que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que las condiciones de El Niño ya están presentes tanto en el océano como en la atmósfera. También fijó una probabilidad superior al 95% de fortalecimiento en la segunda mitad de 2026 y una probabilidad cercana al 63% de que el episodio alcance una intensidad “muy fuerte”.
El decreto advierte riesgo de apagones, menos lluvias y presión sobre los embalses
El decreto también prevé una mayor probabilidad de reducción de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe. A eso suma la disminución de caudales y niveles en embalses, el aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y la aparición de olas de calor.
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A la par, los análisis técnicos citados por el Gobierno advierten sobre racionamientos de energía y una baja en los niveles de los embalses que podría comprometer la prestación de servicios públicos esenciales. El texto sostiene que, si no se adoptan medidas extraordinarias, la evolución esperada de El Niño puede derivar en interrupciones graves y prolongadas del servicio público esencial de energía eléctrica, con afectación directa de la vida, la salud, la seguridad y la subsistencia digna de millones de habitantes.
La declaratoria también responde al riesgo sobre el abastecimiento de agua. El Gobierno identificó 558 municipios con riesgo alto y muy alto de desabastecimiento por disminución de las precipitaciones, y dentro de ese grupo 111 municipios aparecen en el nivel de mayor criticidad, de acuerdo con la metodología del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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La emergencia incluye riesgos sanitarios y un plan especial de respuesta
En salud pública, la resolución advierte un posible aumento de casos de deshidratación, agotamiento y golpes de calor. También señala condiciones favorables para la transmisión de dengue, malaria, chikunguña, zika, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, leptospirosis y otras zoonosis.
El texto añade riesgos relacionados con enfermedades diarreicas e inseguridad alimentaria. Entre las poblaciones con afectación especial menciona a niños, adultos mayores, gestantes, pacientes con enfermedades crónicas y comunidades con acceso limitado a agua potable.
La respuesta institucional quedará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en coordinación con ministerios y entidades territoriales. Esa entidad deberá formular y ejecutar un Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación.
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Las líneas estratégicas definidas por el decreto incluyen abastecimiento, uso eficiente y ahorro del agua; alimentación y seguridad alimentaria; fortalecimiento de la transición energética y la autogeneración en población vulnerable; acciones en salud pública; y prevención y atención de incendios forestales, junto con medidas de protección ambiental.
Además, el Gobierno ordenó la creación de una subcuenta temporal llamada “Fenómeno del Niño 2026-2027” dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Ese mecanismo financiará las acciones derivadas de la declaratoria y permitirá realizar los traslados presupuestales necesarios para atender la situación.
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