Fiscalía reveló presunto acuerdo criminal para direccionar millonario contrato de mantenimiento de helicópteros Mi-17 del Ejército hacia empresa estadounidense

El contrato de USD 32,4 millones (cerca de $130.000 millones de pesos colombianos) para el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército, firmado el 31 de diciembre de 2024 y cuestionado desde su adjudicación, habría sido resultado de un plan para favorecer a una empresa específica.

Así lo sostuvo la Fiscalía General de la Nación, que por primera vez habló de un presunto acuerdo criminal entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Defensa para direccionar el negocio hacia Vertol Systems Company.

La conclusión fue expuesta durante las audiencias de imputación contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts, a las que Caracol Radio tuvo acceso.

Allí, el ente investigador explicó cómo, según su tesis, varios funcionarios y particulares habrían coordinado acciones para asegurar la adjudicación del contrato.

Durante la diligencia, el fiscal José Ignacio Arias Ciro imputó a los procesados los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, peculado por apropiación y tráfico de influencias de servidor público.

La Fiscalía sostiene que el Ministerio de Defensa entregó a Vertol Systems Company un anticipo de USD 16,2 millones (aproximadamente $66.000 millones de pesos colombianos), equivalente al 50 % del valor del contrato.

Aunque la cartera recuperó posteriormente USD 22 millones (cerca de $90.000 millones de pesos colombianos) mediante la aseguradora Berkeley International, el ente acusador afirma que los recursos correspondientes al anticipo nunca regresaron al Estado.

Uno de los principales señalados por la Fiscalía es el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, a quien identifica como el coordinador del presunto plan. Según la investigación, asumió funciones que no le correspondían para dirigir el proceso contractual y garantizar que la contratación terminara en manos de Vertol Systems Company.

De acuerdo con la Fiscalía, desde septiembre de 2024 Suárez dio la orden verbal para que el contrato se tramitara mediante contratación directa, pese a que no existían estudios jurídicos que justificaran esa modalidad. Además, habría insistido a los funcionarios encargados del proceso en flexibilizar los requisitos para facilitar la participación de la empresa.

En las audiencias conocidas por el medio citado, el fiscal aseguró que el exviceministro incluso pidió a los integrantes del comité estructurador “no ser tan legalistas”, actuar con “creatividad” y mantener “una mente abierta” para sacar adelante la contratación.

La investigación también señala que Suárez solicitó apoyo al entonces director de la Aerocivil, Sergio París, para agilizar verificaciones técnicas que beneficiaran a MI Series Personnel & Parts. Para la Fiscalía, esa gestión buscaba fortalecer los requisitos que necesitaba la empresa para participar en el proceso.

El ente investigador sostiene que, antes de firmar el contrato, se descartó una opción de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para realizar el mantenimiento de los helicópteros, una alternativa que, según la Fiscalía, era más favorable para el país.

Después de esa decisión, el proceso habría sido ajustado para permitir la entrega de un anticipo de USD 16,2 millones (aproximadamente $66.000 millones de pesos colombianos) a Vertol Systems Company.

La Fiscalía también involucró en la investigación a otros funcionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; Herbert Buitrago, director de Logística, y Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio. Según la acusación, todos habrían participado en distintas actuaciones para sacar adelante el proceso contractual.

En cuanto a Vertol Systems Company, la Fiscalía sostiene que la empresa no acreditó plenamente la experiencia, la capacidad técnica ni la solidez financiera requeridas para ejecutar el contrato. Según la investigación, se aceptaron documentos elaborados por la misma compañía para demostrar experiencia y no se exigieron los estados financieros completos.

Además, según información revelada por Noticias RCN, una visita técnica realizada a las instalaciones de Vertol en Florida concluyó que la empresa no contaba con la capacidad necesaria para realizar el mantenimiento mayor de los helicópteros Mi-17. A pesar de ello, el contrato siguió adelante y, para julio de 2025, apenas registraba un avance del 8 %.

La próxima diligencia judicial será el 27 de julio, cuando se reanudará la audiencia de imputación contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, luego de varios aplazamientos por inasistencias y recursos judiciales presentados por el exfuncionario. La Fiscalía buscará sustentar que, desde el inicio, el proceso fue direccionado para favorecer a una empresa específica.