
El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre su intención de posesionarse en una guarnición militar el 7 de agosto de 2026 ha generado controversia en el Congreso de Colombia y ha desatado fuertes críticas por parte de los miembros del Pacto Histórico.
La postura más enfática la presentó Agmeth Escaf, senador electo, quien subrayó que “el señor presidente de la República se posesiona ante el Congreso, no asciende ante una fuerza armada, no asciende en un grado, se posesiona como un civil en un cargo gubernamental”.
Escaf defendió la tradición republicana y el valor del uniforme, recordando que “las unidades militares no son casas estudio de realities para complacencias o caprichos”. Según el legislador, los “campos de paradas no son para conciertos, no son para shows”, y su uso debe reservarse para quienes “dan la vida por nosotros”.
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El senador reiteró la importancia de mantener la dignidad de la institución militar y alertó sobre el riesgo de instrumentalizar a los soldados, señalando que “dignificar a las Fuerzas Armadas no es someterlas a este escarnio público”.

Para Escaf, la posesión presidencial debe realizarse en el Congreso y ante la ciudadanía. Afirmó que “si quiere posesionarse, como dice la ley, ante el Congreso y ante el pueblo, lo puede hacer en un lugar público con nosotros al frente, que somos los representantes del pueblo y el pueblo atrás, si no le tiene miedo a nada”.
El senador también hizo un llamado a los mandos castrenses para que resguarden la institucionalidad: “Les exijo que, por favor, hagamos respetar a la institución más sólida que hay en este país, que tiene el cariño, el amor de la sociedad colombiana”.
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La exsenadora María José Pizarro sumó su voz de alerta y aseguró que la discusión en el Congreso “no solamente está definiendo si se le concede a Abelardo de la Espriella el capricho de su posición en una guarnición militar, capricho por demás de miles de millones de pesos”.
Pizarro consideró este acto como un “ataque directo al espíritu de la Constitución Política de Colombia”.
Según la congresista, “el presidente se posesiona ante el Congreso y este tiene su sede en la capital. El mando no se transmite en una instalación militar”. Destacó que la legitimidad presidencial reside en “la Constitución, en la soberanía popular y en las instituciones civiles de la República”.
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Pizarro recalcó que hasta el 7 de agosto el comandante supremo de las Fuerzas Armadas sigue siendo Gustavo Petro, quien “ya dio la orden de que ninguna instalación militar puede ser utilizada con este propósito”.
La exsenadora insistió en que las Fuerzas Armadas “no son beligerantes y, por lo tanto, no pueden quedar en medio de controversias políticas”. Advirtió que si los uniformados obedecen a De la Espriella “antes de ser oficialmente presidente de la República, y eso sucede justo en el momento de la posesión, están siendo obligados a violar el principio de subordinación al poder civil”.
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Pizarro concluyó que “De la Espriella está desafiando entonces la institucionalidad” y que el objetivo parece ser “subordinar al poder civil al poder militar”. Invitó a no permitir que “su capricho se convierta en un precedente autoritario”.
En la misma sesión, Carolina Corcho, exministra de Salud y senadora electa del Pacto Histórico, recordó que el principio republicano exige la “sujeción del poder militar al poder civil”, lo cual no implica “un irrespeto y una indignificación de la Fuerza Pública”.
Corcho señaló que quienes dañaron a la fuerza pública “fueron quienes llevaron a generales y altos mandos a cometer delitos contra la población civil”, no el gobierno que “los dignificó y aumentó el sueldo y los ingresos”.
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La exministra repasó episodios históricos donde presidentes asumieron el cargo fuera del Congreso, como Manuel Antonio Sanclemente, Rafael Reyes, Rojas Pinilla o Laureano Gómez, todos bajo circunstancias excepcionales como enfermedad, clausura del Congreso o golpes de Estado.
“El mensaje histórico es muy grave, entonces, que hoy, por capricho y discrecionalidad, decida un presidente electo darle la espalda al proceso histórico de posesión en la presidencia de la República”, enfatizó Corcho. La senadora advirtió sobre posibles escenarios de debilidad institucional y llamó a que el Congreso defienda el control sobre el Ejecutivo.
Finalmente, el senador electo David Racero puso de relieve el impacto fiscal de la propuesta. “¿Cuánto nos cuesta el capricho del señor Abelardo de la Espriella?”, cuestionó.
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Según el senador, la Cancillería está asignando “alrededor de seis mil millones de pesos para este proceso que va a llevar a Abelardo de la Espriella a posesionarse”. Además, preguntó por los gastos de traslado de los congresistas, estimando que “aproximadamente ya van ocho mil, nueve mil millones de pesos”.
Por último, criticó la contradicción con el discurso de austeridad y calificó el acto como “un irrespeto ante el Congreso” y hacia los votantes.
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