La infraestructura vial y aeroportuaria del país continúa avanzando a un ritmo inferior al esperado, pese a que el sector transporte concentra la mayor asignación de recursos para inversión dentro del presupuesto nacional. Un reciente análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que la ejecución de esos fondos sigue siendo una de las principales dificultades para convertir los recursos en obras.
El estudio muestra que, aunque esta cartera recibió la mayor apropiación presupuestal para inversión durante 2026, los avances registrados al cierre del segundo trimestre permanecen muy por debajo del promedio alcanzado por otros sectores del Estado. De acuerdo con el informe, el sector transporte dispone de $15,6 billones, equivalentes a cerca del 18% del presupuesto nacional destinado a inversión. Sin embargo, únicamente se ejecutó $1,8 billones, lo que representa un avance de apenas 11,5%.
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El contraste con otras áreas resulta evidente. Mientras el promedio general de ejecución de la inversión pública alcanza el 30,5%, sectores como educación registran un cumplimiento de 55,9%, igualdad y equidad llegan al 47,4% y minas y energía alcanzan el 46,5%, todos con resultados considerablemente superiores. Para el Observatorio Fiscal, este rezago refleja problemas persistentes en la capacidad administrativa para ejecutar los recursos disponibles. La entidad sostiene que esa situación termina afectando directamente el desarrollo de la infraestructura física, considerada un elemento clave para fortalecer la competitividad del país.
El diagnóstico también revela que la mayoría de los proyectos bajo responsabilidad del sector transporte presentan avances muy limitados. Según el seguimiento realizado de los 145 proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria existentes, la mayor parte registra progresos mínimos o, incluso, inexistentes. En el caso de las obras viales, el presupuesto asignado asciende a $10,7 billones. No obstante, la ejecución alcanza apenas el 11,7%. Además, el informe señala que el 97,8% de esos proyectos permanece por debajo del promedio nacional de ejecución y que 37 de ellos todavía no reportan ningún avance.
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El panorama de la infraestructura aeroportuaria resulta aún más rezagado. Allí la ejecución presupuestal llega únicamente al 5%, mientras ninguno de los 20 proyectos previstos para intervenir terminales aéreas ha logrado igualar el promedio nacional registrado en la inversión pública. Las cifras de las entidades responsables refuerzan ese diagnóstico. El Instituto Nacional de Vías (Invías) reporta una ejecución de apenas 4,4%, la Aerocivil alcanza el 5% y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) llega al 14,5%. Para el Observatorio Fiscal, estos resultados continúan siendo insuficientes frente a las necesidades del país.
El análisis advierte que esta situación no corresponde a un hecho aislado. Por el contrario, sostiene que las dificultades administrativas para ejecutar los recursos destinados a infraestructura se profundizaron desde 2024, generando un impacto cada vez más visible sobre el desarrollo de las obras públicas.
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Ese retraso, según el documento, no solo aplaza proyectos destinados a mejorar la conectividad entre regiones. También incrementa los costos que deberá asumir el Estado en el futuro para el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura pendiente, lo que puede afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Observatorio considera que la falta de avances termina limitando la capacidad de la infraestructura para responder a las necesidades de los territorios y advierte que ese escenario puede repercutir sobre el crecimiento económico del país.
“La infraestructura que no se construye o mantiene pierde capacidad para responder a las necesidades de los territorios”, señala el documento, que además advierte que los altos costos logísticos y la reducción de oportunidades de crecimiento afectarán el desarrollo de Colombia a largo plazo. De acuerdo con el análisis, el desafío no radica únicamente en asignar mayores recursos al presupuesto de inversión, sino en lograr que esos fondos se traduzcan de manera oportuna en proyectos ejecutados y obras que respondan a las necesidades de conectividad e integración territorial previstas para el país.
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