Procuraduría prorrogó la suspensión de 10 funcionarios del Inpec por fiesta de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) investigados por las presuntas irregularidades que permitieron el ingreso del cantante Nelson Velásquez y su agrupación a una fiesta realizada en la cárcel La Paz de Itagüí.

La medida, que rige desde el 17 de julio y se extenderá hasta octubre de 2026, fue adoptada al considerar que persisten los riesgos para el desarrollo de la investigación disciplinaria.

El organismo de control señaló que el eventual regreso de los funcionarios a sus cargos podría afectar la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 8 de abril de 2026, cuando el artista se presentó en el centro penitenciario en un evento que quedó registrado en videos y fotografías difundidos posteriormente en redes sociales.

La suspensión cobija a cinco dragoneantes, un intendente, tres tenientes y un inspector jefe del Inpec. Los investigados son Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz, Fabián Leandro León Rodríguez y Salvador del Cristo Jiménez Palencia.

La Procuraduría investiga si los funcionarios incurrieron en omisiones relacionadas con los controles de ingreso, el registro y la reseña de las personas que participaron en la celebración. Además, analiza un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial elaborado después de los hechos.

La controversia estalló luego de que se conocieran imágenes en las que Nelson Velásquez aparece interpretando varias canciones sobre una tarima instalada dentro del penal, frente a un grupo de asistentes que compartían bebidas alcohólicas y alimentos durante una celebración.

Las denuncias de la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla dieron una nueva dimensión al caso. Según expuso, los cabecillas recluidos en la cárcel habrían reunido alrededor de 500 millones de pesos para financiar la fiesta.

De ese monto, aproximadamente 100 millones de pesos habrían sido destinados al pago del cantante, mientras que el dinero restante se habría utilizado para cubrir gastos de licor, comida, logística y presuntos pagos a los guardianes del establecimiento penitenciario.

Como consecuencia de esas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar el origen de los recursos utilizados en la contratación del artista y establecer si el dinero provenía de actividades ilegales.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, una de las líneas de investigación busca establecer si Nelson Velásquez pudo haber recibido recursos de origen ilícito, por lo que las autoridades analizan la posible comisión de delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, el cantante no ha sido acusado formalmente y las investigaciones continúan en etapa preliminar.

Tras la polémica, Velásquez emitió un comunicado en abril en el que aseguró que actuó de buena fe y que aceptó la presentación porque su equipo de trabajo le informó que se trataba de un evento cultural autorizado por las autoridades competentes.

El artista afirmó que su participación se limitó únicamente al espectáculo musical y negó haber intervenido en la organización o en la logística del evento. También sostuvo que desconocía cualquier irregularidad relacionada con el ingreso al penal o con el origen de los recursos utilizados para contratarlo.

Los hechos ocurrieron cuando en la cárcel La Paz permanecían recluidos alias Douglas, alias Carlos Pesebre y alias Tom, reconocidos cabecillas criminales que hacían parte de la denominada Mesa de Paz Urbana, la cual sostenía acercamientos con el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Tras conocerse la fiesta, esos diálogos fueron suspendidos.

Según las denuncias, la celebración coincidió con un cumpleaños y con un supuesto festejo por la posible salida de prisión de alias Lindolfo, situación que incrementó la polémica por tratarse de un penal de alta seguridad y por la influencia criminal atribuida a varios de los asistentes.

Otro de los puntos bajo investigación corresponde al funcionamiento de las cámaras de seguridad del pabellón donde se realizó la fiesta.

De acuerdo con información publicada por El Heraldo, varias cámaras internas estaban fuera de servicio, circunstancia que ha dificultado reconstruir lo sucedido durante la celebración. No obstante, registros de cámaras externas sí captaron el ingreso de personas y vehículos al establecimiento penitenciario ese día.