Nuevas denuncias contra el Departamento Nacional de Planeación por presuntas irregularidades con recursos del Ocad Paz

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) sigue en el ojo del huracán tras la radicación de tres nuevas denuncias ante organismos de control, en las que se solicita investigar presuntas irregularidades en la gestión de proyectos financiados con recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz, conocido como Ocad Paz.

Estos órganos son responsables “de la definición de proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR)”, según la definición oficial.

Entre sus funciones están la evaluación, proyección de viabilidad, aprobación y priorización de la financiación de dichos proyectos, así como la designación de la entidad que los va a ejecutar.

Ahora bien, las nuevas denuncias apuntan a un posible esquema que incluiría bloqueos administrativos, retrasos injustificados y eventuales exigencias de pagos durante el trámite de iniciativas destinadas a municipios priorizados por el conflicto armado.

Específicamente, en su tercera convocatoria, entre 2025 y 2026, en la que, según datos oficiales de la Subdirección General del SGR, su disponibilidad presupuestal alcanzó los 6,6 billones de pesos.

Las acusaciones se radicaron en las últimas semanas del Gobierno Petro, con el propósito de examinar el uso de los recursos destinados a la paz en Colombia, a través de su política de la Paz Total.

De acuerdo con los documentos suministrados a Infobae Colombia, diversos proyectos habrían enfrentado devoluciones reiteradas, fallas tecnológicas y obstáculos en las etapas previas a su viabilidad, lo que habría generado presión sobre alcaldes, gobernadores y equipos técnicos encargados de presentar propuestas para acceder a los recursos del Sistema General de Regalías.

En las denuncias se mencionó a Diana Margarita López Riaño, subdirectora de Gestión de Proyectos del DN —área encargada de verificar los requisitos de los proyectos— junto con otros funcionarios, contratistas e intermediarios que podrían estar involucrados. Sin embargo, la responsabilidad de determinar la existencia de faltas disciplinarias, fiscales o penales recae sobre los organismos de control.

Posteriormente, algunos funcionarios o terceros habrían insinuado la existencia de “otros métodos” para destrabar los trámites, lo que derivaría en eventuales solicitudes de pagos o beneficios económicos indebidos.

Las nuevas denuncias

La veeduría Protectores de la Paz cuestionó el proyecto de rehabilitación y pavimentación de vías urbanas de Ricaurte, en el departamento de Nariño, con un presupuesto de cerca de 5.100 millones de pesos.

Según la organización, fichas de verificación del DNP identificaron sobrecostos al cierre de 2025. Posteriormente, esos señalamientos desaparecieron de los documentos, mientras cambiaban los revisores y se emitían conceptos favorables.

Según el documento, los valores unitarios de la subbase granular clase C y la mezcla asfáltica MDC-19 habrían quedado 248% y 234% por encima de los precios de referencia, respectivamente.

La misma veeduría cuestionó un proyecto de vivienda para comunidades étnicas en el municipio de Orito, Putumayo, por unos 7.500 millones de pesos, y señaló inconsistencias en los conceptos técnicos y respuestas oficiales.

Además, la organización ciudadana señaló que un proyecto de sistemas productivos, también en Putumayo, nacería con más del 52% de desfinanciación por errores en la presupuestación.

Paralelamente, al menos tres veedurías más —Red Ciudadana de Control a las Regalías, Guardianes de las Regalías y Veeduría por la Transparencia de las Regalías— radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría contra la mencionada López Riaño, ante la hipótesis de los bloqueos con fallas de plataforma, devoluciones o retrasos, para luego presionar a alcaldes y gobernadores y sugerirles soluciones informales a cambio de dinero.

Las denuncias alegan la comisión de delitos como la concusión y el tráfico de influencias y advierten sobre la existencia de un “mercado clandestino de viabilidades”, donde las decisiones técnicas dependerían de pagos privados y no del cumplimiento de los requisitos legales.

En medio del creciente escrutinio, la primera denuncia pública fue la de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, que alegó presuntas irregularidades en un proyecto de 62.797 millones de pesos para cadenas de cacao y coco en el Pacífico.