
Uniformados de la Subestación de Policía El Tablazo, la Estación de Policía Fresno y funcionarios del Programa de Policía Comunitaria (Polco) rescataron a dos cachorros que habían sido abandonados en la vía que conecta el corregimiento de El Tablazo con el municipio de Fresno, en el norte del Tolima.
Los animales, un macho y una hembra, fueron hallados solos a un costado de la carretera, metidos en una caja, durante un operativo de patrullaje y prevención en las vías del departamento.
Tras el hallazgo, los perros recibieron atención inicial en la Estación de Policía de Fresno, donde fueron alimentados, hidratados y sometidos a una valoración para garantizar su bienestar.
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Posteriormente, los uniformados contactaron a una fundación animalista local, cuyos integrantes asumieron la custodia temporal de los cachorros y coordinaron su proceso de adopción responsable.
Dos días después del rescate y el ingreso a la organización de bienestar animal, ambos caninos fueron entregados a nuevas familias en el municipio, que asumieron el compromiso de brindarles un entorno seguro, alimentación y los cuidados necesarios para su desarrollo, informaron desde la Policía.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato o abandono animal, a fin de facilitar la intervención oportuna de las autoridades y proteger la vida de todos los seres sintientes.
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El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, destacó la importancia de la tenencia responsable y la colaboración entre la comunidad, la institución y las organizaciones dedicadas al bienestar animal.
La Ley Ángel sanciona el abandono
De acuerdo con la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, el desamparo a las mascotas constituye una forma de maltrato animal, debido a que atenta contra los principios de protección, que, según el artículo 3, “se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel”.
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En ese orden de ideas, la nueva ley que penaliza el maltrato animal, conocida como Ley 2455 de 2025 o Ley Ángel, contiene sanciones explícitas para todo los actos que puedan ser calificados como maltrato animal.

Además, esta ley determina que si el delito se cometió “en vía o sitio público”, puede acarrear un agravante en la penalización.
Quienes cometan estos actos pueden enfrentar penas de cárcel superiores a los 3 años y multas que pueden ir desde los 15 hasta los 60 salarios mínimos mensuales vigentes.
De hecho, esta ley establece que “abandonar a un animal doméstico o domesticado, cuando sea de su propiedad o custodia”, puede requerir una investigación especial con la adición de programas pedagógicos para prevenir este delito.
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Senado debate vacíos en la aplicación de la Ley Ángel contra el maltrato animal
No obstante, la aplicación de la ley, especialmente en municipios, se ha complicado un poco.
En abril de 2025, en la Comisión Quinta del Senado de la República se debatieron los desafíos pendientes en la aplicación de la normativa orientada a combatir el maltrato animal en Colombia.
El eje de la discusión giró en torno al limitado impacto operativo de la ley en municipios y territorios, a pesar de los avances observados en el ámbito penal.

La senadora Andrea Padilla advirtió que el principal obstáculo para la protección animal radica en la respuesta policiva local, donde persisten deficiencias de atención y tramitación de denuncias ciudadanas.
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“Lo penal avanza relativamente bien, pero lo policivo, que es lo municipal, es donde nos estamos quedando cortos”, sostuvo la congresista.
Padilla insistió en que el país debe enfocarse en resultados tangibles y no solo en la producción normativa. “Hacer justicia animal no es sacar un montón de decretos o resoluciones, sino atender al ciudadano en su denuncia y desarrollar procedimientos que alivien el daño causado”, agregó.
El debate permitió identificar problemas recurrentes, como el maltrato en el transporte de animales, la limitada capacidad sancionatoria de algunas entidades y las brechas técnicas en los municipios.
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