
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, celebró que el juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó la suspensión del proceso de contratación de nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que contemplaba un presupuesto superior a 78.000 millones de pesos.
La decisión judicial se tomó tras la presentación de seis acciones de tutela y alertas emitidas por el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, que solicitó la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación.
Restrepo Abondano, coordinador del equipo de empalme anticorrupción del gobierno electo, celebró la medida y señaló: “Nuestro empalme anticorrupción está dando resultados. Este es el resultado de un proceso serio, riguroso y vigilante para proteger los recursos de todos los colombianos”.
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Restrepo subrayó que las alertas presentadas permitieron la actuación de las instituciones y el control de los órganos competentes. “Así es como se defienden los recursos públicos: con transparencia, control y absoluto respeto por la ley”, agregó.
Según la comunicación enviada a los interesados, la suspensión responde a medidas provisionales solicitadas en las acciones de tutela. Entre los argumentos presentados se destaca que el proceso habría sido modificado de manera “injustificada”, restringiendo la cobertura a las Zonas 1 y 2 y excluyendo a las Zonas 3 a 10, lo que, de acuerdo con los demandantes, genera riesgos laborales y posibles tratos discriminatorios para los escoltas afectados.
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El juzgado ordenó a la UNP remitir los correos de notificación de todas las uniones temporales vinculadas y publicar el auto correspondiente a la suspensión. La decisión se conoce en medio de cuestionamientos sobre la gestión y provisión de más de 5.000 cargos por parte del gobierno saliente.
Desde el equipo de empalme anticorrupción del gobierno entrante se reiteró su compromiso con la transparencia y la vigilancia en el manejo de los recursos públicos, en línea con la consigna de la campaña #PatriaMilagro.
Vicepresidente electo ya había solicitado suspender nombramientos en la UNP por decreto expedido por Gobierno Petro
A finales de junio de 2026, Restrepo Abondano, emitió una advertencia pública sobre el Decreto 0670 de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro en la recta final de su mandato, que habilita cambios en los requisitos para el nombramiento de oficiales de protección en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Restrepo pidió al director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, suspender de inmediato los nombramientos derivados de esa norma hasta la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.
A través de sus redes sociales y en comunicación formal a la UNP, Restrepo denunció que el decreto podría alterar la definición de los esquemas de seguridad del nuevo presidente y de los altos funcionarios del próximo gobierno.
Señaló que esta medida no debe adoptarse en las últimas semanas de una administración, pues genera dudas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso de selección de quienes estarán encargados de la protección estatal.
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En su mensaje, Restrepo sostuvo: “No estamos hablando de cualquier cargo, sino de personas que tendrán la misión de proteger al presidente electo de la República y a su equipo de gobierno”.
El vicepresidente electo puso en duda la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional de realizar nombramientos en pleno periodo de transición, y exigió a la UNP entregar toda la información relevante sobre estos procesos.
El Decreto 0670 de 2026 establece nuevos requisitos alternativos de estudios y experiencia para el cargo de Oficial de Protección, bajo el argumento de ampliar y no discriminar el acceso a estos empleos.
Restrepo aclaró que no se cuestiona la validez jurídica del decreto ni se anticipan pronunciamientos sobre su contenido, pero insistió en la importancia de que las decisiones sobre la seguridad presidencial se adopten bajo estricto apego a la Constitución y la ley, y sin precipitación en el contexto de transición de gobierno.
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“Con la seguridad del presidente, de las autoridades de la nación, de Colombia, no se juega”, subrayó Restrepo, quien reiteró su compromiso de vigilar y reportar cualquier decisión que pueda afectar la institucionalidad o la seguridad de los altos funcionarios entrantes.
La carta enviada por el equipo de empalme solicitó, además de la suspensión de nombramientos, información detallada sobre los procesos en curso y fundamentos jurídicos y técnicos de las decisiones tomadas.
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