Corte Suprema ratificó condena contra el exdirector de la DNE Carlos Albornoz por corrupción con bienes del narcotráfico

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 19 años y 11 meses de prisión contra el exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Salvador Albornoz Guerrero, por su participación en una maniobra para entregar un predio incautado al narcotráfico por un precio menor al estimado establecido y favorecer a terceros.

La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal, que rechazó la impugnación especial de la defensa y ratificó la sentencia dictada en 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá.

Según la sentencia, Albornoz intervino directamente en la operación que permitió transferir la finca Jesús del Río, ubicada en el municipio de Zambrano, Bolívar y administrada por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), a la sociedad Capital & Business S.A.

Según el documento, el predio fue entregado en “dación en pago” por 2.372 millones de pesos, aunque el peritaje acogido por la Corte estableció que el valor comercial superaba los 4.400 millones de pesos al momento de la negociación.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia determinó que esa diferencia en el valor de la transacción impidió que el Estado recibiera recursos destinados a la reparación de víctimas y generó un beneficio económico para terceros.

En el fallo se argumentó que el exdirector de la DNE tuvo “dominio del hecho desde cuando asumió consignar información falsa respecto del valor del bien, hasta que se consolidaron los registros de la dación en pago y la subsiguiente tradición de este a una tercera sociedad, en perjuicio del erario y en provecho propio y de terceros”.

También ratificó la condena por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso.

Además, la Corte advirtió que la negociación benefició a un allegado al entonces titular de la DNE y que la operación se sustentó en un avalúo cuya existencia no fue acreditada durante el proceso judicial.

La defensa, encabezada por Mildred Hartman, había alegado que el avalúo existió, cuestionó la validez del peritaje utilizado por la Fiscalía y solicitó la exclusión de dicha prueba, pero sus argumentos fueron desestimados por la Sala, que concluyó que la condena estaba debidamente sustentada y que la información consignada en la escritura pública sobre el valor del inmueble no correspondía con la realidad.

Se prevé que la defensa de Albornoz insista en apelar la decisión, aunque la condena ya quedó en firme ante la máxima instancia judicial del país.

Por su parte, la condena del exfuncionario aclaró, en parte, los motivos de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes por decisión del Gobierno nacional —en ese momento, de Juan Manuel Santos— debido a problemas de corrupción, mal manejo de bienes incautados y graves deficiencias administrativas.

Según los organismos de control, además, la entidad terminó desbordada asumiendo funciones de administración de bienes confiscados a la mafia, cuando su misión principal era diseñar y direccionar la política antidrogas del país.

En su momento, desde la entidad se reconoció que nunca tuvo un balance claro sobre los bienes bajo su responsabilidad, que llegaron a sumar cerca de 70.000, de acuerdo con la Fiscalía.

Y es que en 2013, estalló un escándalo de corrupción con el que se reveló que varios de estos bienes habían desaparecido del registro oficial y otros se entregaron de manera irregular.

Las investigaciones identificaron que los activos de la entidad se convirtieron en un fortín político y de intereses particulares. Por eso, además de Albornoz, la Corte Suprema de Justicia investigó a 13 congresistas por presuntamente maniobrar para que allegados se quedaran con la administración de propiedades incautadas.