La suspensión del proceso de selección de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que involucraba más de $78.000 millones, provocó la presentación de seis tutelas ante la justicia.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó a la UNP notificar a todas las uniones temporales vinculadas y publicar el auto que formaliza la suspensión. La medida cautelar fue solicitada en los recursos judiciales y, de manera provisional, el proceso quedó frenado hasta que haya una resolución de fondo sobre las demandas, según la investigación de Semana.
Un escolta, autor de una de las tutelas, denunció que la UNP “de manera injustificada, modificó el alcance de dicho proceso para que cubriera únicamente las Zonas 1 y 2, excluyendo las Zonas 3 a 10 a pesar de que todas se encuentran en condiciones técnicas y jurídicas equivalentes”.
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El texto judicial resaltó que esta decisión podría vulnerar derechos laborales y afectar el sustento de los trabajadores involucrados.
El juzgado agregó que la decisión administrativa de la UNP “genera una amenaza cierta e inminente sobre su estabilidad laboral, pues mientras los escoltas de otras zonas mantienen su continuidad mediante mecanismos diferentes, los de las Zonas 1 y 2 quedan expuestos al riesgo de perder su empleo por la adjudicación del contrato a un nuevo operador, desconociendo el principio de confianza legítima e imponiendo un trato discriminatorio que afecta su sustento familiar y mínimo vital”.
El presidente electo Abelardo de la Espriella había advertido sobre el proceso de adjudicación, solicitando públicamente la intervención urgente de la Procuraduría y la revisión de los contratos, especialmente la provisión de más de 5.000 cargos antes de la transición gubernamental.
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La preocupación del mandatario electo se centró en el posible impacto de la adjudicación sobre la administración entrante y el funcionamiento de los esquemas de protección, reclamando transparencia y alertando sobre la necesidad de garantizar que la transición no se vea afectada por decisiones del gobierno saliente. La revisión de la Procuraduría busca asegurar que la contratación de escoltas y la formalización de cargos respondan a criterios objetivos.
El proceso de selección detenido había generado expectativas entre cientos de escoltas que aspiraban a formalizar su vínculo laboral. La exclusión de varias regiones aumentó la incertidumbre, sobre todo en quienes dependen de la continuidad del contrato para sostener a sus familias.
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La UNP deberá responder ante las autoridades judiciales y esperar la decisión de fondo sobre las tutelas; mientras tanto, la adjudicación de contratos y la formalización de nuevos cargos quedan en suspenso hasta que se resuelvan las reclamaciones.
Abelardo de la Espriella pidió intervención urgente de la Procuraduría en procesos de contratación de la UNP
El presidente electo Abelardo de la Espriella alertó sobre el posible riesgo que enfrentaría su equipo de gobierno si la Unidad Nacional de Protección (UNP) adjudica contratos clave antes del cambio de mando. El mandatario advirtió que decisiones tomadas antes del 7 de agosto podrían afectar la seguridad de su futura administración y el manejo de recursos en contrataciones sensibles.
La preocupación se centra en el proceso de selección abreviada PSA-UNP-054-2026, un contrato superior a $78.000 millones destinado a la contratación de escoltas para zonas de protección. El gobierno entrante sostiene que la adjudicación, prevista antes de su posesión, impediría revisar los perfiles y la idoneidad de quienes asumirán la protección inmediata del presidente y de los nuevos ministros.
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De la Espriella instruyó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, para que eleve una solicitud formal ante la Procuraduría General. El objetivo es que el procurador Gregorio Eljach Pacheco ejerza vigilancia preventiva en estos trámites, por tratarse de asuntos vinculados a la seguridad del Estado y la administración eficiente de los recursos públicos.
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