Cayó alias ‘Carlos Way’, presunto máximo cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca

En un nuevo golpe contra las estructuras del crimen organizado en Antioquia, las autoridades capturaron a Yorman Enrique Salgado, conocido con el alias de Carlos Way, identificado como el presunto máximo cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

Según las investigaciones, el hombre sería responsable de coordinar múltiples acciones violentas en el Bajo Cauca antioqueño, entre ellas homicidios, extorsiones, bloqueos de vías y la incineración de vehículos durante el paro minero registrado en marzo de 2026.

El operativo fue ejecutado en el corregimiento Jardín de Tamana, jurisdicción del municipio de Cáceres, mediante una orden judicial cumplida por uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de comandos especiales Jungla, dentro del desarrollo de la Operación Agamenón, estrategia enfocada en debilitar las estructuras del Clan del Golfo.

Tras su captura, alias Carlos Way fue presentado ante un juez de control de garantías, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento ilegal, mientras avanzan las investigaciones en su contra.

De acuerdo con fuentes de la Dijín, Salgado figuraba como uno de los principales objetivos de las autoridades debido a la influencia que ejercía dentro de la organización criminal.

Las investigaciones indican que llevaba más de seis años vinculado al Clan del Golfo y que tenía bajo su mando una estructura conformada por más de 160 integrantes armados, encargados de controlar actividades ilícitas en varios municipios del Bajo Cauca.

Durante el procedimiento judicial también fueron incautados tres teléfonos celulares de alta gama, dispositivos que ahora serán sometidos a análisis forense con el propósito de obtener información sobre la red de contactos, comunicaciones y movimientos de la organización.

Según las autoridades, alias Carlos Way habría desempeñado un papel determinante durante las jornadas de violencia registradas en el paro minero que afectó al Bajo Cauca antioqueño en marzo de este año.

Los investigadores sostienen que el presunto cabecilla habría impartido órdenes para ejecutar bloqueos sobre corredores estratégicos y para incendiar vehículos, acciones que alteraron la movilidad y generaron millonarias pérdidas económicas en la región.

Además, el expediente judicial también lo vincula con el homicidio del ciudadano venezolano Luis Ángel López, crimen ocurrido en septiembre de 2023 en el municipio de Caucasia, caso que, según las pesquisas, estaría relacionado con disputas por el control de rutas del narcotráfico.

Las investigaciones también señalan que la estructura dirigida por alias Carlos Way obtenía buena parte de sus ingresos mediante el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y mineros en municipios como Tarazá, Cáceres y Caucasia.

Con esos recursos, presuntamente financiaban la compra de armamento, equipos logísticos y vehículos utilizados para fortalecer las operaciones ilegales del grupo armado.

Los informes de inteligencia indican igualmente que el capturado estaría involucrado en el reclutamiento forzado de jóvenes, quienes, según las autoridades, eran obligados a integrar la organización mediante amenazas dirigidas contra ellos y sus familias.

Continúan los golpes contra el Clan del Golfo

La captura de alias Carlos Way se suma a otros resultados recientes obtenidos por la Fuerza Pública en Antioquia contra integrantes del Clan del Golfo.

A comienzos de este mes, tropas del Batallón de Selva 57, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín de la Policía, capturaron en el municipio de El Bagre a un hombre conocido con el alias de Pablo, señalado como presunto cabecilla de zona y jefe de sicarios de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

Las autoridades sostienen que estas operaciones hacen parte de la estrategia para reducir la capacidad operativa y financiera de esa organización criminal, considerada una de las principales responsables de hechos de violencia, narcotráfico y extorsión en diferentes regiones del país.