Excomandante de las Farc y senador del partido Comunes denunció que Panamá negó entrada a su hija deportista y pidió apoyo al Gobierno nacional: “Frustró el sueño por el que se preparó”

El senador del partido Comunes, Julián Gallo, antes conocido por su alias de “Tornillo” cuando hacía parte de la guerrilla de las Farc como cabecilla, denunció en redes sociales que a su hija menor de edad le impidieron el ingreso a Panamá para participar como representante de Colombia en la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026.

La menor viajaba junto a su madre, la defensora de derechos humanos Erika Leaneth Valencia Quintero, quien también fue retenida por las autoridades migratorias panameñas en el aeropuerto internacional de Tocumen.

El hecho, que dejó a la joven fuera de la competencia tras años de preparación, desató protestas de la familia y llamados de atención al Gobierno nacional.

La mañana del viernes 16 de julio, Gallo utilizó su cuenta de X para expresar su rechazo a lo ocurrido y solicitar apoyo institucional.

“Hoy, una decisión migratoria le impidió participar y frustró el sueño por el que se preparó durante años. Solicitamos al Gobierno colombiano el acompañamiento consular y diplomático necesario para proteger sus derechos y esclarecer lo ocurrido”, menciona Gallo al comienzo de su mensaje, y en el que adjuntó el comunicado que emitió su compañera sentimental y madre de su hija.

De acuerdo con el documento difundido por Valencia Quintero, la situación tuvo lugar el 15 de julio, cuando madre e hija arribaron a la capital panameña con toda la documentación en regla: pasaportes, visas vigentes y credenciales deportivas.

La menor, gimnasta artística de alto rendimiento, había clasificado a la competencia internacional como resultado de años de disciplina y esfuerzo.

Según la versión de Valencia, las autoridades migratorias de Panamá las apartaron y retuvieron sin explicación jurídica válida “sin mediar explicación legal válida”, reseña el documento.

Los funcionarios de Migración de Panamá nos apartaron, nos retuvieron y nos negaron el ingreso al país”, señala el comunicado.

La razón dada por los funcionarios fue que la madre figuraba con una “circular ante el consejo de seguridad nacional panameño”, lo que la catalogaba como un “riesgo” e impedía la entrada de ambas, señala el comunicado, en el que se agregó como justificación por parte de las autoridades del país centroamericano que “no se presentó ninguna orden judicial, solicitud de extradición ni requerimiento formal de autoridades colombianas”.

Valencia Quintero, firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, interpretó el hecho como una forma de estigmatización y discriminación política.

“Mi único delito, señores, es haber firmado un papel para terminar con más de 50 años de guerra y haberle apostado a la construcción de un país en paz”, precisó la esposa de Gallo en el documento, en el que relata que la respuesta oficial panameña fue que su “marcación de por vida” solo podría ser levantada mediante un acuerdo directo entre presidentes.

En su relato, la defensora de derechos humanos puntualizó el impacto emocional y moral del episodio: “Mi hija, que hoy llora desconsolada en esta sala de retención, es el fruto de ese esfuerzo. Ella no ha heredado rencores; ha heredado disciplina. Durante años se ha levantado antes del amanecer para entrenar, ha sacrificado su infancia en aras de la excelencia deportiva, y había logrado clasificar a una justa internacional para demostrar que desde el posconflicto también surgen campeonas. Pero hoy, ustedes, autoridades panameñas, le arrebataron su sueño con un sello burocrático y un prejuicio político”.

En el comunicado, Valencia sostiene que la actuación de las autoridades panameñas constituye varias violaciones a los derechos humanos, entre ellas el derecho a la libre circulación, la no discriminación por opinión política, el interés superior de la niña y la prohibición de la retención arbitraria.

Además, la defensora de DD. HH. responsabilizó tanto al Gobierno de Panamá como al Estado colombiano por la falta de acompañamiento diplomático y consular.

La madre exige de manera urgente su “liberación inmediata y la de mi hija, y que se nos permita el ingreso a Panamá para que ella pueda competir, aunque sea en los días restantes de la copa”.

Si esto no es posible, en el comunicado se precisó que pedirán un salvoconducto humanitario para regresar a Colombia de manera segura y sin ser tratadas como delincuentes.

Adicional a todo lo anterior, Valencia exigió que se realice una investigación disciplinaria pública contra los funcionarios de migración panameños, una reparación integral para su hija por el daño moral y la pérdida de la oportunidad deportiva, y que el Gobierno colombiano le expida un salvoconducto que certifique su plena vigencia de derechos como ciudadana en proceso de reincorporación.

El comunicado concluye con un llamado a la Federación Internacional de Gimnasia, a los entrenadores, jueces y padres de familia de las competidoras para que “no permitan que el odio apague el talento”.

“Mi hija entrenó al lado de sus hijas, sudó la misma camiseta y soñó con el mismo podio. No dejemos que la política destruya el espíritu del deporte”, cierra Valencia.