
La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad que fue creada en junio de 2023, pero que por determinación de la Corte Constitucional se quedó sin respaldo jurídico el pasado 30 de junio, continúa desatando una fuerte controversia. Más aún, tras conocerse el miércoles 15 de julio una ola de denuncias por parte de extrabajadores de la cartera que se quedaron sin que les respondan por sus honorarios.
Desde el cierre oficial, que quedó formalizado en el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, centenares de personas afirman que quedaron sin información sobre sus pagos y sin canales para comunicarse con la administración. Así lo reveló el periodista Ronny Suárez Celemín, que a través de su perfil de X compartió tres testimonios de excontratistas que se quedaron sin comunicación frente a las obligaciones pendientes.
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En los relatos se mencionó que los problemas empezaron antes de la disolución, pues describieron que “parecía que entre las personas que revisaban y aprobaban las cuentas de cobro, no había un criterio único”, lo que provocaba devoluciones frecuentes y demoras. Además, los afectados insistieron en que “cada uno pedía algo diferente y devolvía la cuenta” sin dar motivos claros del proceso que se debía seguir.

Con ello, la gestión de pagos, a cargo de FonIgualdad, resultó ser una “pesadilla”, según varios testimonios recopilados en redes sociales. Los primeros pagos llegaron tarde y, como consecuencia, las cuentas siguientes no pudieron radicarse dentro del plazo estipulado. “El fondo se escuda en que las presentamos tarde”, explicó uno de los denunciantes, que detalló la manera en que siguen sin recibir los montos acordados por su labor.
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Lo más preocupante es que los extrabajadores también debieron asumir gastos elevados por viajes a territorios de difícil acceso. “Nuestras comisiones debían ser pagadas por nosotros los contratistas desde nuestro bolsillo, y luego de meses de demora, eran reembolsadas”, se leyó en uno de los testimonios. Las demoras provocaban que sumas de hasta $3 millones se recuperaran solo varios meses después.
Liquidación del Ministerio de Igualdad dejó a la deriva a varios de sus extrabajadores
Al acercarse la liquidación, la comunicación institucional se cortó. “Apenas llegó el 20 de junio, nos clausuraron los correos institucionales sin previo aviso”, denunció un excontratista al citado periodista. Según otros afectados de esta situación, ese mismo día recibieron la orden de abandonar las oficinas y, desde entonces, “nadie responde los correos, ni los mensajes, ni las llamadas desde el Fondo de la Igualdad”.
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Esa falta de información sobre lo que sucedería con los honorarios pendientes agravó, sin duda, la incertidumbre. “No sabemos cómo radicar el mes de junio y ante quién”. Algunos cuentan que “radiqué las cuentas de cobro de abril y mayo hace 2 meses, las cuales no han sido pagadas a hoy 15 de julio”, contó otro de los afectados, en relación con lo que estaría sucediendo con los exmiembros del ministerio.
Otros casos muestran que los pagos de meses anteriores se recibieron con extrema demora. “La cuenta de enero hasta ahora me fue pagada en el mes de julio de 2026, a pesar de haber sido enviada varios meses atrás”, relató una de las denunciantes. También se repiten historias de compañeros que no reciben respuesta sobre el estado de sus solicitudes, ni claridad sobre si sus cuentas han sido radicadas a la dependencia.
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Las consecuencias personales han sido graves. Un excontratista de la Dirección para la Superación de la Pobreza y Territorios Excluidos también se desahogó. “Esta falta de pago me ha arrastrado a una crisis económica”. Explicó que es responsable de tres hijos y que el retraso lo dejó “atrasado en el pago del arriendo, los servicios públicos esenciales y obligaciones financieras, afectando la tranquilidad y estabilidad emocional”.
De esta manera, los afectados consideran irónico que el ministerio, creado para proteger a la población excluida, termine “excluyendo y vulnerando el mínimo vital de quienes trabajamos por el país”. Ante la ausencia de respuestas, exigieron a la firma liquidadora y al Ministerio de Trabajo que “prioricen el pago de nuestras obligaciones pendientes”, que estarían causando perjuicio a nivel profesional y personal.
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Paloma Valencia lanzó nuevas pullas sobre crisis en el Ministerio de Igualdad
Casi de manera coincidente, la senadora Paloma Valencia se pronunció sobre el manejo de recursos en la desaparecida entidad y mencionó que $140.000 millones es lo que han costado, según sus cifras, las 4.200 personas que han contratado a través del fondo del Ministerio. Con ello, también denunció que el fondo permitió saltarse la selección objetiva y la ley de contratación pública, en contravía de lo dispuesto en la ley.
La liquidación del ministerio, ordenada por la Corte, implica la reasignación de funciones al Ministerio del Interior y al Departamento de Prosperidad Social (DPS). El presidente Gustavo Petro asignó a Luis Alfredo Acosta Zapata, que venía oficiando como ministro, como el agente liquidador para organizar bienes, contratos y procesos judiciales pendientes; aunque tal parece que en materia de salarios hay deudas pendientes.
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Mientras tanto, los extrabajadores insisten en que no saben a quién acudir. “No sabemos ante quién reclamar”, se repite en sus denuncias, mientras las quejas comienzan a surgir en las redes sociales, en relación con una entidad que se quedó sin soporte al considerarse por parte del alto tribunal que en su creación existieron serios vicios de trámite; justamente por la falta del aval fiscal y su impacto presupuestal.
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