Estas serían las mesas de negociación que se acabarían tras el anuncio de Abelardo de la Espriella de acabar con la consejería del Comisionado de Paz

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, confirmó que, al inicio de su periodo en el Gobierno nacional, hará una reestructuración de las oficinas y agencias de la Presidencia de la República, así como la eliminación de consejerías nacionales, entre las que se destaca el Comisionado de Paz.

El futuro mandatario anunció la eliminación de la oficina nacional en su alocución emitida el lunes 13 de julio de 2026 en las redes sociales.

En su intervención, el eventual jefe de Estado señaló que el comisionado, que actualmente es liderado por Otty Patiño, no ha garantizado tranquilidad a la población civil, debido a los procesos de paz que se adelantan en el territorio nacional con las organizaciones al margen de la ley.

Incluso, De la Espriella reiteró su compromiso de que no aceptará negociaciones con las organizaciones armadas, sino que les dará la opción de sometimiento a la justicia o, de lo contrario, estarán bajo asedio por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

“Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, indicó el presidente electo.

Ante este anuncio, los espacios de conversación que se adelantaron durante el gobierno de Gustavo Petro, bajo la política de “Paz Total”, se darían por finalizados al iniciar el mandato de Abelardo de la Espriella.

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Uno de los procesos que mayores avances presentó fue la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción que se separó de la Segunda Marquetalia, disidencia fundada por alias Iván Márquez.

Para mantenerlos en una mesa independiente, el Gobierno expidió la Resolución 202 de 2025, con la que reconoció formalmente la continuidad de los diálogos bajo ese nombre.

Entre los avances destacados en el espacio de negociación, se contempla la concentración de zonas especiales de paz y Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en lugares como Valle del Guamuez en Putumayo y Roberto Payán en Nariño, en la que pequeños contingentes de combatientes iniciaron una transición sin armas hacia la vida civil por un término estipulado.

Sin embargo, el proceso presentó varias dificultades como la captura de Geovany Andrés Rojas, alias Araña en febrero de 2025, uno de los voceros del grupo guerrillero, así como la suspensión de varias órdenes por parte del Consejo de Estado.

Previo al aviso del presidente electo Abelardo de la Espriella, la Cneb, liderada por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, había enviado una carta pública había pedido que se mantuvieran los diálogos, al considerar que el grupo mantiene una premisa de reconciliación y pidió “construir sobre lo construido” para evitar que los combatientes ya concentrados regresen a la clandestinidad.

Mismo llamado hizo Armando Novoa, jefe delegado del Gobierno en la mesa de conversaciones, en la que solicitó espacios para expresar los avances del proceso y evitar la suspensión del mismo.

Comuneros del Sur

El proceso con el frente Comuneros del Sur se convirtió en el principal resultado concreto de la “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro.

El grupo, que operaba como una estructura del Ejército de Liberación Nacional, se desligó del Comando Central del grupo armado en mayo de 2024, lo que derivó en una crisis interna en la organización al margen de la ley.

Pese a esa tensión, el Ejecutivo formalizó en septiembre de 2024 la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño como un espacio independiente. La apuesta convirtió a este proceso en el mayor laboratorio de paz territorial de la administración Petro. Su valor político radicó en que ofreció resultados visibles en un terreno donde otras mesas no consiguieron avances equivalentes.

Para mediados de 2026, la mesa había firmado 12 acuerdos parciales orientados al desescalamiento humanitario y al tránsito a la vida civil. El bloque incluyó compromisos de seguridad, desarme y reintegración, lo que derivo en el desarme de dicha estructura, acuerdos territoriales y un plan para sustituir cultivos de coca en Nariño.

Pese a los avances de la mesa, hay incertidumbre debido al anuncio del presidente electo de los colombianos.

Clan del Golfo

Con el Clan del Golfo, también identificado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también hubo acercamientos exploratorios desde el inicio hasta el cierre del gobierno de Gustavo Petro.

El primer acercamiento se registró en septiembre de 2022 cuando el entonces alto comisionado para la paz Danilo Rueda y comandantes del grupo armado sostuvieron un encuentro privado en el Urabá antioqueño, en la que se habría contemplado un pacto para desmontar unidades de inteligencia especializadas y cesar por completo operaciones ofensivas y bombardeos, según audios revelados por Noticias Caracol en junio de 2026.

No obstante, dicho pacto secreto se incumplió debido a la continuidad de los operativos militares contra esta estructura. Pese a ello, el gobierno intentó dar al proceso una forma más estructurada a finales de 2024 y durante 2025.

La mesa socio jurídica fue trasladada a Doha, Qatar, con acompañamiento de países mediadores internacionales, en la que se avanzó en una zona de ubicación temporal para la reincorporación de combatientes a la vida civil.

Incluso, la apuesta más concreta llegó en mayo de 2026, cuando el presidente Gustavo Petro firmó una resolución para permitir el traslado e ingreso de más de 400 integrantes del Clan del Golfo a Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó. Los puntos piloto estaban previstos en Tierralta, Mutatá, Acandí y Riosucio.

Sin embargo, el proceso no tuvo su culminación debido a que dependía exclusivamente de una ley de sometimiento penal que regulara beneficios a cambio de verdad, entrega de bienes y reparación, norma que no fue avalada por el Congreso de la República.

Así mismo, el Gobierno acusó al EGC de liderar ataques contra la fuerza pública y la población civil, por lo que la administración reactivó la ofensiva aérea contra la organización. Y aunque el Clan del Golfo había expresado su disposición de avanzar un proceso con el Gobierno entrante, finalmente De la Espriella cerró definitivamente dicha posibilidad y reiteró su propuesta de sometimiento a la justicia.

Otras negociaciones en vilo

La situación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocida como Los Pachenca, siguió una lógica similar.

El proceso socio jurídico para su desmonte avanzó de forma limitada por la falta de un marco normativo claro en el Congreso, incluida una ley específica de sometimiento penal.

De igual manera, el proceso quedó atravesado por una contradicción central. Mientras los delegados oficiales intentaban construir una ruta de sometimiento, la organización armada incrementó sus hostilidades en el Caribe colombiano.

El mismo obstáculo pesó sobre las mesas instaladas con bandas criminales urbanas en Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá, en Medellín. El objetivo de esos diálogos fue reducir las tasas de homicidio mediante pactos de no agresión urbana, pero el desmonte definitivo de esas redes quedó sujeto a las reglas de la justicia ordinaria.

El balance que dejan esas conversaciones, según el propio estado de los procesos descrito en el cierre del gobierno, es el de una arquitectura de negociación amplia, pero sin resultados de desmovilización total. La estrategia llegó al final del mandato con mesas simultáneas abiertas y con avances parciales, focalizados y frágiles.

Es valido mencionar que, al principio del Gobierno Petro, también hubo acercamientos con el ELN y las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco. Sin embargo, esos procesos no finalizaron, a raíz de varios hechos de violencia en el territorio colombiano.