Fiscal en Bogotá habría archivado decenas de casos de abuso sexual infantil sin justificación: el ente acusador la llevará a juicio

La investigación por archivos irregulares contra la fiscal Margarita María Rueda avanzó a juicio en Bogotá por el presunto cierre indebido de expedientes de violencia, acceso y acoso sexual, muchos de ellos con menores de edad como víctimas.

Según información revelada por la revista Semana, la acusación sostiene que la delegada habría repetido argumentos falsos o sin sustento, culpado a denunciantes y evitado actos básicos de indagación en al menos dos docenas de casos.

Hasta donde se conoce, a Rueda la procesan y juzgan porque, según el expediente, entre 2018 y 2020 habría archivado denuncias de violencia sexual contra menores con tres causales reiteradas: atipicidad de la conducta, imposibilidad de encontrar a la víctima e inexistencia del hecho.

El proceso señala que esas decisiones habrían servido para cerrar expedientes sin investigar y que harían parte de una práctica para descongestionar despachos, reducir la carga laboral y dar falsos resultados.

El expediente revelado por la revista Semana describe una presunta “estrategia criminal” para reducir la carga laboral en la Unidad de Delitos Sexuales de la seccional de Bogotá. Una denuncia habló de medio centenar de investigaciones archivadas con ese propósito, mientras el caso atribuido a Rueda menciona dos docenas de expedientes.

La propia Fiscalía revisó las denuncias sobre archivos irregulares y concluyó que sí hubo decisiones cuestionadas. Rueda fue procesada y ahora enfrenta juicio por actuaciones que, según la acusación, retardaron su deber funcional y dejaron sin respuesta a víctimas de delitos sexuales.

Los argumentos usados para archivar las denuncias

La acusación sostiene que la fiscal repitió entre 2018 y 2020 tres fórmulas para cerrar casos. La primera fue la atipicidad de la conducta, es decir, que lo denunciado no encajaba en el delito señalado por la víctima.

La segunda causal fue la supuesta imposibilidad de encontrar al sujeto pasivo, esto es, a la víctima. La tercera fue la inexistencia del hecho, con la que descartó que los hechos denunciados hubieran ocurrido como fueron relatados.

El proceso cuestiona esas justificaciones porque, según la Fiscalía, en varios expedientes no hubo una verificación mínima. En uno de los señalamientos más directos, el ente acusador afirmó que la funcionaria “nunca emitió una sola orden a Policía Judicial tendiente a la localización de la víctima o de su madre”.

Entre los casos citados, la acusación dice que Margarita María Rueda habría presentado tocamientos en partes íntimas como actos de “protección y bienestar del indiciado”. En un expediente, la Fiscalía sostuvo que había elementos de prueba para inferir posibles tocamientos libidinosos contra un menor de 14 años agravados por el parentesco con el padre biológico.

En otra línea de archivo, la acusación indica que la fiscal habría cerrado diligencias por no ubicar a la víctima sin ordenar actuaciones para encontrarla. “Tan solo se limitó a ordenar el archivo de las diligencias”, señaló la Fiscalía al sustentar los cargos.

También aparecen decisiones apoyadas en contradicciones atribuidas a menores o en descalificaciones hechas por familiares. En uno de los apartes citados, la acusación recoge que la decisión se basó en que “la víctima se contradijo y su padre la tildó de mentirosa”, pese a que el expediente contenía elementos probatorios sobre un acto sexual.

Otro ejemplo mencionado en el juicio se refiere a una denuncia desestimada por la causal de inexistencia del hecho. Allí, según la acusación, Rueda sostuvo que el examen toxicológico no concluyó que la víctima estuviera ebria y agregó que ella misma “se puso en esa condición” al beber alcohol.

Otras denuncias sobre expedientes archivados en la Fiscalía

El caso se conecta con otras denuncias recientes sobre expedientes de violencia sexual tramitados por la entidad. Un colectivo de mujeres encabezado por Blanca Inés Durán exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) entregó una medalla simbólica a la fiscal Luz Adriana Camargo y la señaló como “campeona de la injusticia”.

Durán denunció que más de 40 procesos por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía. Según su reporte, de 41 casos remitidos por ella y su fundación, la entidad solo tenía noticia de 27 y apenas 8 seguían activos.

Esos expedientes correspondían a denuncias de menores de edad, niñas integrantes de ligas deportivas de Bogotá, por hechos ocurridos entre 2021 y 2023. El resto, según la exdirectora del Idrd, había sido archivado o considerado no conducente.