Las diez demandas más cuantiosas contra la Nación suman $219,4 billones: el desafío que asumirá Germán Calderón en la defensa jurídica del Estado

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella anunció el viernes 10 de julio la designación del abogado Germán Calderón España como nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad adscrita al Ministerio de Justicia encargada de coordinar la estrategia de defensa judicial de la Nación y proteger el patrimonio público frente a los procesos que cursan en su contra.

Calderón llega al cargo tras una trayectoria en el derecho público y el litigio contencioso administrativo, durante la cual ha participado en la defensa judicial de diferentes entidades estatales. Además, desempeñó un papel como asesor jurídico en la campaña presidencial de De la Espriella.

Su principal responsabilidad será liderar la defensa de la Nación en un escenario marcado por miles de procesos judiciales y reclamaciones que representan uno de los mayores riesgos fiscales para el Estado colombiano.

Un panorama con demandas por más de $832 billones

Con corte al 31 de marzo de 2026, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reportó que Colombia enfrenta 285.334 procesos judiciales en su contra, cuyas pretensiones económicas ascienden a $832,39 billones. Paralelamente, el Estado actúa como demandante en 44.948 procesos, mediante los cuales busca recuperar o proteger recursos públicos por $33,33 billones.

Dentro de ese panorama, los diez procesos activos con las mayores pretensiones económicas concentran reclamaciones por $219,4 billones, lo que refleja la magnitud de los asuntos que deberá coordinar el nuevo director de la entidad.

La demanda con la mayor cuantía corresponde al derrame de crudo en Coveñas, cuyas pretensiones ascienden a $34,4 billones. Le sigue el proceso por violación o amenaza a la moralidad administrativa relacionado con las rutas nacionales 25 y 90, por $32,4 billones; y en tercer lugar aparece la demanda relacionada con el hacinamiento en las cárceles, con reclamaciones por $31,5 billones.

Después figura el proceso por las aspersiones con glifosato en Chocó, con pretensiones por $26 billones.

La lista continúa con la demanda por el no uso del cargo por confiabilidad durante la crisis energética ocasionada por el fenómeno de El Niño, estimada en $23,2 billones, seguida por el proceso relacionado con los sobrecostos en la ampliación de Reficar, cuyas reclamaciones alcanzan $18,8 billones.

Entre los casos de mayor impacto económico también aparecen las demandas por el desplazamiento forzado en Catatumbo, con $14,9 billones; el colapso del puente de Tierralta, Córdoba, con $14,1 billones; las asignaciones de retiro de la Policía Nacional, con $12,7 billones; y la omisión en la regulación de tarifas fijo-móvil, con pretensiones por $11,4 billones.

Los retos que asumirá la nueva dirección

Además de enfrentar estos procesos de alta cuantía, Germán Calderón deberá coordinar la defensa judicial de la Nación, fortalecer las políticas de prevención del daño antijurídico, asesorar a las entidades públicas en litigios estratégicos y representar al Estado colombiano en procesos internacionales, funciones centrales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Otro de los desafíos será consolidar una gestión basada en información estratégica y análisis de datos, con el propósito de reducir el impacto económico de los litigios y fortalecer los mecanismos de prevención que permitan disminuir el ingreso de nuevas demandas contra el Estado.

La continuidad y fortalecimiento de esas estrategias será uno de los aspectos que deberá liderar la nueva administración de la Agencia, teniendo en cuenta el volumen de procesos activos y las implicaciones fiscales que representan para el Estado.

Los procesos internacionales

En el ámbito internacional, la agencia también mantiene una actividad permanente. Actualmente, el Estado colombiano enfrenta 16 casos vigentes de arbitramento de inversión, además de atender 1.403 asuntos acumulados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Entre esos procesos internacionales, el caso que concentra la mayor proporción de las reclamaciones económicas es “Sea Search Armada”, cuyas pretensiones ascienden a $33,8 billones, convirtiéndose en uno de los expedientes más relevantes dentro de la estrategia de defensa internacional del Estado.

Frente a ese escenario, Germán Calderón asumirá la dirección de una entidad con responsabilidades tanto en el ámbito nacional como internacional, donde la coordinación jurídica resulta determinante para la protección del patrimonio público.

Su trayectoria ocupando distintos cargos dentro del Estado será clave. Cabe recordar que Calderón fue procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial en la Procuraduría General de la Nación, cargo desde el cual participó en asuntos relacionados con el control y seguimiento de la gestión pública. Además, ha prestado asesoría a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Cancillería y diversas dependencias de la administración distrital de Bogotá.