Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la masacre de Bojayá y pidió excusas públicas a las víctimas

El Estado colombiano realizó un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas por la masacre de Bojayá, ocurrida en mayo de 2002, uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado. Durante la ceremonia, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que la verdad, la justicia y las garantías de no repetición continúan siendo una deuda con las víctimas y las comunidades afectadas.

En el antiguo centro poblado de Bellavista, en Bojayá (Chocó), escenario de la tragedia que cobró la vida de decenas de personas tras la explosión de un cilindro bomba durante enfrentamientos entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se llevó a cabo el Acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas del Estado por los hechos de violencia ocurridos en Bojayá y Vigía del Fuerte (Antioquia).

La ceremonia reunió a representantes del Gobierno nacional, autoridades locales, organismos internacionales, integrantes de la Fuerza Pública, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organizaciones de víctimas y comunidades afrocolombianas e indígenas.

El Estado reconoció que no protegió a la población civil

Durante su intervención, la defensora del Pueblo afirmó que el Estado falló al no brindar una respuesta efectiva para proteger a los habitantes de Bojayá, pese a que existían advertencias sobre el riesgo que enfrentaba la población civil por la confrontación entre grupos armados ilegales.

“El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales”, afirmó la funcionaria.

Marín recordó que el riesgo había sido advertido previamente por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos, pero las acciones para prevenir la tragedia fueron insuficientes y llegaron demasiado tarde.

Según explicó, las solicitudes de apoyo realizadas por autoridades locales, organizaciones comunitarias, religiosas y de derechos humanos no obtuvieron una respuesta eficaz, lo que terminó dejando a la población completamente expuesta a la violencia.

Una tragedia que marcó la historia del conflicto armado

La masacre de Bojayá ocurrió en mayo de 2002 durante una confrontación entre las entonces Farc y las AUC por el control territorial de la región.

En medio de los combates, un cilindro bomba lanzado por la antigua guerrilla impactó la iglesia de Bellavista, donde cientos de habitantes buscaban refugio para protegerse de los enfrentamientos.

El ataque dejó decenas de personas muertas y heridas, además del desplazamiento forzado de cerca de 10.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los hechos más graves registrados durante el conflicto armado colombiano.

Más de dos décadas después, el Estado realizó este acto público de reconocimiento de responsabilidad como parte de las medidas dirigidas a las víctimas y sus comunidades.

La verdad, la justicia y la no repetición siguen pendientes

Aunque reconoció los avances en materia de reparación, la defensora del Pueblo aseguró que todavía existen deudas importantes con las víctimas, especialmente en aspectos relacionados con el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y las garantías para que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

Marín explicó que el Estado, junto con organismos nacionales e internacionales, ha impulsado medidas de reparación individual y colectiva, acciones de memoria histórica y procesos de fortalecimiento institucional y comunitario. Sin embargo, sostuvo que estos esfuerzos aún no son suficientes para responder a las expectativas de las comunidades afectadas.

Persisten los riesgos para las comunidades

La defensora también advirtió que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando riesgos derivados de la persistencia y transformación del conflicto armado.

Según indicó, las distintas expresiones de violencia ya no solo afectan de manera individual a las víctimas, sino que comprometen la vida colectiva, los procesos organizativos y las formas de gobierno propio de estos territorios.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para garantizar la permanencia de las comunidades y evitar nuevas afectaciones humanitarias.

El llamado para garantizar oportunidades a niños y jóvenes

Otro de los mensajes centrales de la jornada estuvo dirigido a las nuevas generaciones.

La defensora sostuvo que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de Bojayá y Vigía del Fuerte deben contar con oportunidades reales para construir un proyecto de vida lejos de la violencia.

“Los jóvenes, adolescentes, niñas y niños de Bojayá y Vigía del Fuerte tienen derecho a un buen futuro, a acceder a los derechos sociales, culturales y ambientales en igualdad de condiciones que los del resto del país, sin los riesgos latentes de reclutamiento, uso y utilización”, expresó.

La funcionaria recordó que, semanas antes del acto, la Defensoría sostuvo encuentros con jóvenes de ambos municipios, quienes manifestaron su deseo de acceder a mejores oportunidades educativas, deportivas y sociales.

Por ello, la entidad solicitó a las alcaldías de Bojayá y Vigía del Fuerte, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar conjuntamente en planes estratégicos que permitan ofrecer alternativas para la juventud y prevenir su vinculación a las dinámicas del conflicto armado.

La Defensoría reiteró su respaldo a las víctimas

Al cierre de la ceremonia, Iris Marín Ortiz afirmó que ningún acto institucional puede reparar completamente la pérdida de vidas humanas ni los daños materiales e inmateriales sufridos por las comunidades, pero aseguró que la Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las víctimas.

La funcionaria reiteró el compromiso de la entidad con el Comité de Víctimas Ampliado, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) y las comunidades indígenas para seguir promoviendo y protegiendo sus derechos, atender crisis humanitarias, emitir alertas tempranas cuando sea necesario y realizar seguimiento a las medidas de protección en el territorio.